La liberación de Elba Esther Gordillo se debió a que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actuaron de manera ilegal para acusarla de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por mil 978 millones de pesos.
Las pruebas que recabaron ambas dependencias no se obtuvieron con el aval de una orden judicial, violando así el secreto bancario; además, no existió una denuncia por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que asegurara que la maestra estaba desviando recursos del gremio.
Lo anterior consta en el fallo del incidente no especificado de sobreseimiento que resolvió el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, titular del primer tribunal unitario en materia penal con residencia en la Ciudad de México, revelaron funcionarios federales a MILENIO.
Explicaron que el citado recurso legal puede ser promovido ante el propio juez de la causa y en caso de que éste se niegue, se puede acudir ante un tribunal unitario; este fue el camino que siguió la defensa de la ex lideresa del magisterio para conseguir su liberación.
El incidente no especificado de sobreseimiento permite revisar aspectos de fondo, como violación de derechos, debido proceso y si la actuación del juez está fundada.
Las decisiones que se emiten en estos asuntos tienen carácter de cosa juzgada, es decir, son inapelables; también tienen como efecto la restitución inmediata de derechos, motivo por el cual Elba Esther recuperó su libertad.
Para el descongelamiento de las cuentas bancarias de la maestra, los funcionarios comentaron que solo es necesario un oficio de la autoridad judicial informando de su resolución.
Asimismo, puntualizaron que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria, por lo que no puede subsistir algún acto de molestia.
El fallo del tribunal unitario representa un revés para la Procuraduría General de la República, dependencia que perdió tres procesos penales contra la ex dirigente sindical, a quien mantuvo presa durante cinco años y medio.
Los golpes llegaron en cascada para el Ministerio Público federal, porque en mayo de 2017, el cuarto tribunal unitario en materia penal en la Ciudad de México otorgó un amparo a Gordillo porque la PGR no aportó pruebas que demostraran que ella era responsable del delito de defraudación fiscal por 2 millones 199 mil pesos, cometido en el ejercicio fiscal de 2008.
Mientras que en noviembre de 2016, el primer tribunal colegiado en materia penal con sede en la Ciudad de México la amparó contra otra acusación por defraudación fiscal por 4 millones 394 mil pesos, que supuestamente cometió en el ejercicio fiscal de 2009.
NO COINCIDE
Tras darse a conocer la absolución de la maestra, la PGR emitió un escueto comunicado señalando que respetaba el fallo del primer tribunal unitario, pero que no lo compartía.
Subrayó que en este caso procedió en “estricto apego a la Constitución, así como a las leyes que orientan su actuación, y, sobre todo, en absoluto respeto a los derechos humanos”.
La respuesta de la procuraduría ocurre en momentos en que Elba Esther llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual aseguró ser presa política y denunció la dilación que se dio durante su proceso, lo que evitó recuperar con anticipación su libertad.
IRREGULARIDADES
De acuerdo con el resolutivo del tribunal unitario, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Procuraduría General violaron el secreto bancario, porque tuvieron acceso a las cuentas de la profesora sin haber solicitado una orden judicial. Por este motivo, las “pruebas” fueron invalidadas.
El magistrado también detectó que el SNTE no presentó alguna denuncia por un supuesto desvío de recursos y destacó que los cheques que afirma la PGR que se expidieron de forma ilegal a Elba Esther y que sirvieron para lavar dinero fueron entregados por el propio sindicato.
En el caso del delito de delincuencia organizada, el tribunal unitario resolvió que la maestra no pertenece a alguna organización delictiva, sino que solo es miembro de un sindicato.
Estas son las principales irregularidades detectadas por el magistrado Aguilar López, por lo que dejó sin efectos las pruebas de la PGR y de las autoridades hacendarias, para finalmente sobreseer la causa penal.
Gordillo fue aprehendida el 26 de febrero de 2013 en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca, cuando llegaba de San Diego, California.
CLAVES
ANTECEDENTES
La PGR aprehendió a Elba Esther Gordillo el 26 de febrero de 2013, cuando era dirigente del SNTE, en el Aeropuerto Internacional de Toluca.
La acusó de lavar dinero del sindicato que usó para el pago de pilotos, compra de viviendas y cirugías reconstructivas en EU, entre otros delitos.
El 4 de marzo de 2013, Alejandro Caballero Vértiz, juez sexto de distrito de procesos penales federales, le dictó auto de formal prisión.
