La impunidad es considerada uno de los grandes males en nuestro país México, y hasta hoy sigue siendo protagonista en la vida pública. La impunidad de forma muy simple, es la ausencia de castigo y en este país simplemente el que la hace no la paga. La probabilidad de que un delito se denuncie y esclarezca es de apenas el 1.14%, y se calcula que la impunidad por un delito como el homicidio intencional alcanza más del 85%.
Si nos consideramos un país con mucha corrupción muy seguramente también estamos condenados a experimentar altos niveles de impunidad. Escándalos de corrupción en nuestro país hay muchos y recién amanecimos con la noticia de la liberación de la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) después de un largo litigio que duró 5 años. Declaraciones y posturas habrá muchas, pero todo apunta a que seguimos contando con un endeble sistema de justicia penal, refiriéndome a toda la cadena que interviene en alguna forma en el proceso, desde policías y ministerios públicos, hasta jueces y magistrados (con sus salvedades).
Históricamente se ha utilizado la procuración de justicia para ejercer poder y en este caso tan emblemático de corrupción a los más altos niveles no es la excepción.
Desde los ojos de los ciudadanos tal parece que la élite política está blindada y pactada para que la justicia no les toque y no se tengan consecuencias. Dadas las circunstancias del caso, tenemos que cuestionar fuertemente si realmente se han fortalecido las capacidades investigativas, las capacidades para integrar adecuadamente las carpetas de investigación, que contengan elementos sólidos, bien sustentados y estrictamente apegados a derecho, para que no dejen el mínimo espacio o resquicio por donde se logre colar la impunidad y se resquebrajen años y años de litigio.
Que quede claro que la impunidad no está sujeta a negociarse, ni a utilizarse a discreción, ni a administrarse y mucho menos a manipularse para servir a los interés de algunos que gobiernan. Con este caso, que seguro será recordado en mucho tiempo se esfuma cualquier indicio de legitimidad sobre las instancias que procuran justicia en este país.
La justicia debe servir a los ciudadanos y con todo y eso se sigue teniendo esperanza y altas expectativas, sin embargo no hemos sido capaces de transitar realmente al modelo acusatorio, porque se siguen gestando las mismas prácticas de persecución autoritaria. La moda electoral al inicio de cada sexenio ya la conocemos, esperemos ahora no aplique a la inversa. Los pactos de impunidad parece que siguen vivos y vigentes en nuestro país. #AsíVivimos
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