A la par de los movimientos que se vienen gestando entre los equipos que rodearon a los alcaldes electos de Tamaulipas, previo a tomar cargo de sus municipios en octubre próximo, estamos en la época donde aquellos desfavorecidos por el resultado de la votación del pasado 1 de julio se ha ido a los tribunales, argumentando irregularidades en el proceso y el día de la jornada.
Los puntos son distintos: despilfarro de recursos indebido, acarreo de votantes, errores en las actas de escrutinio, mal conteo de los sufragios y otros puntos más se han documentado ante los magistrados de las cortes electorales tanto en el estado como a nivel federal, buscando un solo objetivo: la anulación.
El trabajo ha sido arduo para los propios partidos, apoyados en los abogados encargados de presentar cada denuncia; pero es en este punto donde hay una clara flaqueza de las instituciones políticas y de los aspirantes que pelean por este derecho, las contadas opciones de expertos legales en la materia que se cuentan en la entidad.
Un caso sucedió en Tampico, donde Magdalena Peraza puso la queja en el Trieltam; sin embargo, el representante del PRI en Tampico ante el Consejo Local del Ietam terminó firmando el acta final que le daba el triunfo a Jesús Nader y posterior a esto presentó la irregularidad, lo que se desechó al presentarse a destiempo. Terrible error.
Detalles de esta magnitud han sido el pan nuestro de cada sesión ante el referido tribunal, demostrando la inexperiencia y capacidad de los litigantes en lo referente a conflictos electorales, asunto que con anterioridad integrantes de las diversas barras como certificados mencionaron de la carencia de colegas con el suficiente conocimiento para defender a los aspirantes a cargos públicos.
Hay muchas carpetas en revisión del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (Trieltam) en Ciudad Victoria, y otras que se van a la Sala Monterrey del Tribunal Federal Electoral (Trife), que en un periodo de cuatro semanas tendrán resolución, y será favorable para los quejosos de acuerdo con las pruebas contundentes que cada impugnación registre y compruebe.
Mientras tanto, la lección para los partidos políticos y futuros candidatos es exigir licenciados en Derecho especializados en esta área. Pongamos esta referencia: desde el año 2000 a la fecha, solo seis elecciones fueron anuladas en los tribunales: dos veces en Colima (ambas para gobernador), en Tabasco, Coahuila, Michoacán y el Estado de México.
