Es hora de hacer un cambio de rumbo decisivo y sustancial. El cambio de liderazgo en México brinda una oportunidad fundamental para escuchar las voces y el análisis que han exigido poner fin a las políticas de guerra y, en cambio, centrarse en el desarrollo, la lucha contra la pobreza y la inversión comunitaria”. Con este esperanzador párrafo se alimenta la introducción de la investigación denominada “Abusos graves contra los derechos humanos: el comercio de armas legal e ilegal a México”, elaborado por la organización Stop US arms to México y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC.
Una de las razones fundamentales que impulsaron la realización de este diagnóstico fue la evidencia de que los homicidios con armas de fuego aumentaron desde el comienzo de la guerra contra las drogas. Los especialistas responsables de esta investigación toman los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y señalan que en México se inició con el registro formal de homicidios en 1997, con 2 mil 522 homicidios cometidos con armas de fuego documentados. Para 2009 se incrementaron a 4 mil 390 y muestran cómo hay una considerable reducción hasta el año 2005, en el que el registro es de 3 mil 208. Sin embargo, a partir de 2006, año en que inició la estrategia militar, se dispara drásticamente, alcanzando en 2011 un registro histórico de 12 mil 625 homicidios con armas de fuego, que en 2017 alcanzó un registro de 16 mil 898.
Tan crudo como ahí se dice, “en un lapso de 20 años, los homicidios con armas aumentaron en 570 por ciento en México”.
Por otro lado, de acuerdo con esta investigación, de 2010 a 2016, Sedena declaró que gastó 16 millones 86 mil 620 dólares y 29millones 698 mil 203 euros en armas importadas, en su mayoría armas largas, para su propio uso. Para darnos una idea del armamento adquirido por la Secretaría de Marina, mencionan que el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una licencia para el productor de armas Sig Sauer, Inc., para exportar a la Armada mexicana hasta por 265 millones de dólares en armas de fuego, que podrá hacer efectiva durante estos años y hasta 2024. Habría que sumar a estas cifras la producción nacional de armamento de la que también nos da cuenta esta investigación.
Cualquiera diría: pues si son fuerzas armadas, son armas lo que necesitan. Efectivamente, pero si la estrategia de militarizar la seguridad pública tiene como objetivo reducir la violencia, es inevitable preguntarse: ¿existe alguna relación entre el incremento en adquisición de armamento legal y los niveles de violencia a los que hemos llegado en México? Los analistas confirman que en las entidades en donde las fuerzas armadas han participado en confrontaciones, existe un aumento de las tasas de homicidios con armas de fuego. Al menos en Tamaulipas, Michoacán, Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa y Guerrero, que fueron los estados analizados, la violencia se ha incrementado.
Este documento es un texto obligatorio para quienes darán cauce a las políticas públicas derivadas de los foros de pacificación que recientemente inició el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador. No es jugar a la ingenuidad, es atender la evidencia. Ante la urgencia de abrogar una ley que apuesta por la militarización como solución a la violencia y frente a la voraz adquisición de armamento que se ha realizado con la pretensión fallida por contenerla, lo responsable es dar un giro de timón.
