El CES recomienda aumentar la inversión pública y reformar con urgencia la financiación
El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) ha recomendado que se produzca un «repunte» de la inversión pública que contribuya a la corrección de los «desequilibrios sociales y territoriales», para lo que es «necesario y urgente» una reforma del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas.
Ésa es la principal conclusión del informe anual sobre la situación económica y social de la Región durante el pasado año, y que ha desgranado en rueda de prensa el presidente del organismo, Germán Barrios.
El CES ha alertado que se ha identificado una «desaceleración» del crecimiento del PIB industrial anual respecto a periodos anteriores, debido a «un mal año agrario». Todos los integrantes del Consejo ven necesario la necesidad de que se pueda llevar a cabo un aumento de los salarios generalizado, al mismo tiempo que ha recomendado reducir la tasa de temporalidad.
Otro de los principales retos por los que se apuesta desde el Consejo de cara al futuro, es su «desafío demográfico» de pérdida de población que requiere de «medidas urgentes» ante un problema «complejo» frente al que la Agenda para la Población ha llevado a cabo «medidas escasas», como ha lamentado Barrios.
Por este motivo, desde el Consejo han apuntado a las «políticas integrales como la fórmula más eficaz para combatir esta despoblación, que debe ir más allá «de las alternancias políticas» y que debe primar, por ejemplo, la «conciliación» de la vida profesional y laboral, especialmente entre las mujeres del medio rural.
Un mundo, el de los pueblos, que también se antoja «esencial» para la implementación de estas acciones encaminadas a frenar la despoblación de ciertas zonas de la Comunidad, para lo que se hace preciso la «ordenación del territorio», para que estos pequeños municipios se «valoricen» bajo la prestación de servicios sociales esenciales.
Precisamente, en este apartado referido a la Educación, Sanidad y otros Servicios Sociales, este informe aconseja al Ejecutivo autonómico a «recuperar la inversión perdida», en el caso de la educación, al mismo tiempo que han considerado la necesidad nacional de alcanzar un «gran pacto de estado».