ETA, antes que las víctimas
El traslado de presos tiene sus condiciones legales y no hay que alterarlas a conveniencia política. El preso terrorista que las cumpla puede acogerse a un acercamiento a cárceles vascas, pero no como una medida de «normalización política», sino por aplicación pura y simple de la ley. Esa ley que ha derrotado a ETA y que no hay que arrinconarla para pagar facturas políticas. Con Sánchez y el PSOE han vuelto los mensajes disolventes de la ética política que debe presidir el fin de ETA. Para el Gobierno, la normalidad y la convivencia en el País Vasco ya no dependen de que las víctimas sean reparadas y los crímenes de ETA esclarecidos, sino de que los presos etarras estén cerca de sus familias. Error también que comete al recordar los acercamientos de presos en la tregua de 1998-1999, porque aquellas medidas fueron impulsadas por un acuerdo del Congreso de los Diputados en el marco de una política consensuada por el Gobierno de Aznar con el PSOE. Pero al PSOE sólo le interesan los pactos sobre ETA cuando gobierna el PP. Sánchez pide lealtad al Partido Popular, como la que el PSOE tuvo con el PP. La diferencia es que el PP siempre pacta sus políticas antiterroristas con el PSOE y el PSOE nunca las pacta con el PP, sino con el PNV y los separatistas.
Si ETA vuelve al debate partidista es porque el Gobierno de Sánchez tiene que pagar el apoyo del PNV a su moción de censura y al resto de legislatura. El PNV, a su vez, quiere presentarse ante la izquierda proetarra como el causante de los acercamientos y así reducir espacio a Bildu. En este juego de favores recíprocos, las víctimas molestan.