Castilla y León reconoce el sufrimiento y el dolor de 45 víctimas del terrorismo
Esta distinción honorífica aparece recogida en la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León que entró en vigor el pasado mes de septiembre. El fin, según Milagros Marcos, es «recordar a todas estas personas mostrando el compromiso de la Comunidad con la convivencia en paz, el respeto a los derechos humanos y la protección integral de las víctimas».
Se trata de las primeras 45 medallas que se entregarán próximamente en un acto público pero que, según señaló la portavoz de la Junta, podrán ser más a medida que los afectados soliciten esos reconocimientos. De hecho, 42 de los concedidos ayer fueron solicitados directamente por los afectados mientras que tres de ellos han sido a propuesta de la propia Consejería de Presidencia, de la que parte la Ley. Es el caso, según el titular de este departamento, de José Antonio de Santiago-Juárez, del capitán Aliste, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, al que una bomba de ETA dejó sin piernas en un atentado en Salamanca; del diputado del PP por Burgos Jaime Mateu, al que la banda etarra asesinó a su padre y a un hermano, y del delegado territorial de la Junta en Soria, Manuel López Represa, que perdió a su padre en un atentado de los grapo.
Acercamiento de presos
Milagros Marcos se refirió también al acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco, que el Gobierno de Pedro Sánchez parece estar dispuesto a asumir, para asegurar que «quien tiene que hablar sobre este asunto no son los políticos sino las víctimas». A su juicio, «son quienes han sufrido quienes tienen que valorar si se ha resarcido la pena y se cumplen los derechos de unos y de otros». «Aunque pasen los años su situación es igual de dura», señaló la portavoz e insistió en que «es a las víctimas a quienes hay que dar voz».
Otros acuerdos
El Consejo de Gobierno de ayer aprobó también el Proyecto de Ley de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León cuyo objetivo primordial es reforzar e impulsar el proceso de modernización que el deporte y el ejercicio físico están experimentado, desarrollando una regulación que garantice el acceso de todos los castellanos y leoneses a la actividad deportiva y al ejercicio físico en igualdad de condiciones y de oportunidades.
También se dio el visto bueno a distintas subvenciones, por un montante de 4,5 millones de euros, para que 25 entidades sociales, entre ellas Cáritas y Cruz Roja, desarrollen programas dentro de la Red de Protección a las Familias y a las personas. El pasado año estas acciones permitieron atender a más de 70.000 personas.