El Metro pide a la Fiscalía que el vandalismo grafitero sea delito
El aumento de las agresiones a empleados del Metro y de actos de vandalismo contra las instalaciones provocaron ayer con varias protestas, que terminaron en la plaza Sant Jaume, frente al Ayuntamiento. La cuarta teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Janet Sanz, finalmente bajó para hablar con los concentrados. Según los representantes sindicales, ya habían pedido anteriormente una reunión, pero sin éxito.
Los movimientos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) sobrepasan el ámbito municipal. Un comunicado de la entidad emitido ayer señaló que se están manteniendo reuniones con diferentes estamentos de la judicatura, con el objetivo de que los grafitis, que cada vez aparecen más a menudo en trenes y convoyes de Metro, se traten como un delito de daños, por lo que serían tramitados por vía penal.
Los trabajadores de TMB llevan tiempo denunciando que las actuaciones de los grafiteros son cada vez más violentas, por lo que ya se han aproximado a la Audiencia Provincial de Barcelona e incluso a la Fiscalía General del Estado. Y habrá más reuniones, con el Ministerio Público barcelonés y con jueces.
En protesta por este incremento de incidentes, los trabajadores del Metro pararon ayer a las 12.00 y a las 20.30 horas durante dos minutos el servicio en toda la red. El objetivo era llamar la atención de las administraciones, y aparentemente lo consiguieron, con la citada reunión con Sanz.
El representante de los trabajadores del Metro de CC OO, Baptista Silanes, denunció, respecto a los grafiteros y vándalos, que «agreden, amenazan e intimidan hasta el punto que se ven acorralados en trenes y estaciones sin poder salir, hasta que alguien les venga a socorrer», y añadió que «esta violencia se concentra, mayoritariamente, en grupos de grafiteros». También pidió que la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra se impliquen en este asunto, porque «afecta también a los usuarios, no sólo a trabajadores».
Vulnerabilidad
Los sindicatos –los tres principales son CC OO, UGT y CGT– consideran que la última modificación del Código Penal provocó una sensación de vulnerabilidad entre los empleados, teniendo en cuenta que se trataba las actuaciones de los vándalos como una simple falta administrativa, no como un delito.
El Observatorio del Civismo del Transporte Ferroviario lleva tiempo denunciando este problema, y según sus datos, se trata de un fenómeno que va a más. Entre 2015 y 2016 se produjeron 3.413 hechos vandálicos en las redes ferroviarias, con un total de 8.644 convoyes grafitados. El impacto de estos sucesos costó un total de 62 millones de euros.
La citada cantidad de convoyes grafitados equivale, siempre según del Observatorio del Civismo, a 43 campos de fútbol, o, en vertical a todos los edificios de ambos lados del paseo de Gràcia. Además, también aumentaron otros comportamientos incívicos como los daños a las infraestructuras de las redes ferroviarias.