La presión sobre el Gobierno para que haga gestos en materia de política penitenciaria se intensifica en dos frentes: Cataluña y el País Vasco. El pasado miércoles el Parlamento vasco instaba al nuevo Ejecutivo a dar los primeros pasos para poner fin a la dispersión de los presos etarras que lo pidan de manera individualizada y reconozcan el daño causado. Los socialistas, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, con la sola oposición del PP, reclamaron otra política penitenciaria después del final de las acciones de ETA y tras la disolución de la banda. Pues bien, este reclamo fue contestado ayer por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros reconoció que «cuando cambian las circunstancias, hay que valorar otras políticas». Celaá confesó que el tema en cuestión no se había tratado en la reunión y emplazó a próximas citas en las que «seguro» se abordaría.
El Ejecutivo también valora, atendiendo a cuestiones de «humanidad», trasladar a los presos del «procés» a cárceles catalanas. Una decisión que no se plantean adoptar de manera inmediata para que no se asocie con los votos recibidos por los partidos independentistas en la moción de censura y que le generaría desgaste y el consiguiente reproche de la oposición –PP y Ciudadanos–. «No tenemos ninguna hipoteca que pagar», señalan fuentes de Moncloa. Para dilatar la toma de decisiones, el Gobierno se ha escudado en el argumento de que mientras continúe la fase de instrucción, la competencia para decidir sobre el traslado de los presos a prisiones próximas a sus domicilios –cuando éstos están en prisión preventiva– corresponde al juez instructor «para mayor seguridad y para facilitar la tarea judicial». Una vez concluidas las diligencias de la instrucción, la competencia pasa a Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, devolvió la pelota al tejado del Ejecutivo señalando que esa potestad no es suya, sino de Instituciones Penitenciarias.
En realidad, la potestad sí es de Instituciones Penitenciarias, pero para trasladar a un preso de cárcel siempre se solicita el aval del juez instructor y si este muestra su disconformidad o reticencia, este veto se suele respetar. Un juez puede «rechazar» el traslado ante la inminencia de indagatorias, testificales o cualesquiera otras diligencias que afecten al reo. Actualmente, sobre la mesa del secretario general de Instituciones Penitenciarias esperan respuesta dos solicitudes de traslado a prisiones catalanas, las de Oriol Junqueras y Raül Romeva.
