Representantes del Gobierno y de distintos sectores sociales denunciaron la violación a los derechos humanos por parte de quienes buscan la desestabilización
MANAGUA, junio 15.— El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, representante del Gobierno en el diálogo nacional, demandó el cese de los cierres de vías por parte de los grupos violentos que buscan la desestabilización del país, al tiempo que manifestó la disposición del ejecutivo para facilitar que organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea y la OEA, realicen «el acompañamiento en el fortalecimiento del diálogo nacional».
En la primera sesión, al reabrirse las conversaciones, esa fue la propuesta presentada por el ejecutivo que encabeza el presidente Daniel Ortega, ante el requerimiento formulado en tal sentido por la Conferencia Episcopal, que hace de mediadora en las conversaciones y había interrumpido los encuentros el pasado día 7, a la espera de la respuesta del Gobierno a otro documento presentado por esa instancia religiosa.
Según reflejó el sitio web El 19 digital, el Ministro del Exterior también condenó el sufrimiento al cual continúa siendo sometido el pueblo nicaragüense como resultado de los actos de violencia que se registran a diario, y que han provocado 168 fallecidos y más de 2 000 heridos, según las investigaciones en curso de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, dijo PL.
«Debemos respetar los derechos humanos de todos los nicaragüenses», dijo el canciller Moncada, quien denunció los saqueos e incendios contra viviendas, edificios públicos, ambulancias e inmuebles, y de los que son víctima también funcionarios públicos, miembros de la Policía Nacional y la militancia sandinista, comentó El 19.
Dirigiéndose a la mesa de diálogo y a los obispos, Moncada llamó a hacer todo el esfuerzo posible «y hasta lo imposible» para poner fin a «tanta violación y crimen que es violatorio de los derechos fundamentales de los nicaragüenses».
Similar llamado al cese de la violencia y de los denominados «tranques» (cierre de vías) fue realizado por otros participantes en el encuentro, entre quienes se encontraban representantes del sector transportista, de los productores agropecuarios, de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN) y de la micro, pequeña y mediana empresa.
El dirigente campesino José Adán Rivera, presidente de la Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados (Unapa), reclamó a la autotitulada Alianza Cívica a detener la ola de crímenes, secuestros y violencia que se organizan desde los diferentes cortes de ruta, y «de toda la delincuencia que ustedes han propagado, financiado, han acompañado», señaló.
Según reportó El Nuevo Diario, la Alianza propone la presencia inmediata en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la instalación de veedores independientes, y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y de la Unión Europea.
Dicha propuesta abriría paso a la injerencia extranjera sin compromisos previos de los entes locales concernidos de acabar con los hechos violentos. Según los reportes, al iniciarse la tarde no había consensos.
En la denominada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se reúnen el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Asociación de Ganaderos, la Cámara de Comercio, miembros de organizaciones campesinas e instituciones como la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico —que en su página web se presenta como un centro de pensamiento fundado por la Usaid, la denominada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, que tan amplio historial subversivo tiene en la región latinoamericana.
El encuentro tuvo lugar un día después de un paro forzado convocado por la Alianza Cívica, dijo PL, durante el que muchos trabajadores fueron obligados a paralizar sus quehaceres por el cierre de las empresas privadas, otros no abrieron sus negocios por temor a represalias de los grupos delincuenciales, y terceros hicieron caso omiso a la medida.
