La pieza del caso Taula relativa al presunto blanqueo de capitales en el seno del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia y a la supuesta financiación irregular del partido tiene como fecha de caducidad el próximo julio según los plazos previstos. El juez Víctor Gómez prorrogó la instrucción el pasado septiembre once meses más, un margen «razonable», en su opinión, para practicar las diligencias que restaban.
A alrededor de mes y medio de que finalice el plazo, y aunque han surgido nuevas ramas en la investigación -como la de los contratos de Turismo Valencia con Laterne o la subpieza secreta a raíz de un anónimo-, los tiempos parece que se mantendrán si no surgen imprevistos. A partir de ese momento, el magistrado deberá dictar el auto de procedimiento abreviado (procesamiento) contra, entre otros, nueve de los actuales diez concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia. A todos ellos se les abrirá, previsiblemente, juicio oral por un presunto delito de blanqueo de capitales de 50.000 euros por haber donado al partido mil euros para las pasadas elecciones municipales que les habrían sido devueltos en billetes de 500. Este auto, indican fuentes cercanas a la causa, podría llegar pasado el verano.
La cercanía de la fecha intranquiliza a los ediles que, según ha podido saber ABC, celebraron una comida este miércoles en la que uno de los temas de conversación fue esta cuestión. Una incógnita que consideran que existe acerca del procedimiento judicial es si el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia valenciano sobre el diputado autonómico Miguel Domínguez les afectará. En febrero del pasado año sobreseyó provisionalmente la causa al parlamentario para que el juzgado de Instrucción agotara la investigación hasta hallar indicios de delito y la participación de Domínguez en los mismos. Una vez se practicaran todas las diligencias, podría elevar una nueva exposición razonada a la Sala.
El TSJCV hizo especial hincapié en que el sobreseimiento no sólo no suponía la inexistencia de los hechos investigados -los cuales tienen, expresó, «apariencia delictiva»-, sino que es «plausible» el operativo de presunto blanqueo de capitales. Sin embargo, que indicara que había insuficiencia de indicios para acreditar su participación en la mecánica fue interpretado por la mayoría de los concejales como que la decisión de la Sala entraba en contradicción con la del juez de instrucción. Una posibilidad que, según fuentes consultadas por este periódico (y llegado el momento del nuevo pronunciamiento sobre Domínguez), se entiende como complicada y prevén que todo siga adelante sin que la Sala lo pudiera tumbar basándose en una diferencia de criterio.
La lista electoral
La espera sobre su futuro judicial se tensa también conforme se aproxima el momento de confeccionar la lista, sobre las que los populares valencianos aseguran que no existe nada cerrado. Eso sí, dan por hecho que ninguno de los actuales concejales investigados repetirá, una intención de la dirección regional liderada por Isabel Bonig conocida desde hace tiempo por su pretensión de romper con esa etapa.
Precisamente una de las causas del deseo de que se retrase hasta más allá de septiembre el candidato para el Ayuntamiento de Valencia es la situación de los ediles, de modo que con ese escenario resuelto ya se puedan tomar más decisiones de cara a 2019.
Una vez llegue el procesamiento, Génova deberá resolver el expediente informativo abierto y decidir si se les obliga a abandonar el grupo de forma inmediata o cuando la apertura de juicio sea firme, ya que previsiblemente la recurrirán a la Audiencia Provincial. Será entonces cuando los ediles tengan que decidir si dejan el acta o pasan a ser no adcritos. Como ha venido informando este periódico, la dirección del PPCV calcula que alrededor de tres renunciarían casi con seguridad. Los nervios, al parecer, cunden mayoritariamente entre el sector que prefiere no marcharse.
