La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) ve el impacto de la crisis sociopolítica del país en dos escenarios negativos: en uno proyecta que, si la actual crisis que atraviesa el país tiene una salida rápida, calculada para antes de finales de julio, la tasa de crecimiento real del PIB sería de 1.7%, si por el contrario la crisis se prolonga por más tiempo, la tasa de crecimiento de la economía sería de -2%.
“Nuestro primer escenario asume que el Gobierno acepta una pronta salida negociada e implementada a más tardar a finales de julio, logrando así un marco de entendimiento enfocado en los temas de justicia y democratización, poniendo fin a la represión, violencia e inseguridad ciudadana”, señala el comunicado.
Ese escenario es el más optimistas porque la tasa de crecimiento de la actividad económica del 2018 quedaría en 1.7%, una desaceleración con relación al año 2017, con pérdidas de US$404 millones en valor agregado.
En este escenario, “en términos laborales, se estima una pérdida para el final del año de hasta 20,000 empleos”.
En el segundo escenario se asume que no se encuentra una salida negociada a la crisis, por lo que esta se prolonga e intensifica por el resto del año, provocando que la tasa de crecimiento de la actividad económica del 2018 sea de -2.0%. La economía se contraería.
Esa contracción económica, según Funides, provocaría una pérdida de US$916 millones en valor agregado, y en términos de empleo significaría una pérdida de hasta 150,000 puestos de trabajo al concluir el año.
Según el Banco Central de Nicaragua (BCN), el producto interno bruto (PIB) registró un crecimiento de 4.9% en 2017, alcanzando en el período 2010-2017 un promedio 5.2%. “Este ritmo sostenido de crecimiento económico permitió alcanzar un PIB per cápita de US$2,161 en 2017 y ha favorecido una mejora en los indicadores de pobreza”, señala el Informe Anual de la entidad.
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Sin embargo, la crisis derivada de las protestas ciudadanas iniciadas el 18 de abril obligó al Gobierno a corregir los pronósticos de crecimiento de 4.5% y 5% para 2018. El 22 de mayo, a poco más de un mes de las manifestaciones, el presidente del BCN, Ovidio Reyes, informó la nueva proyección de crecimiento: entre 3% y 3.5%.
El Funides aclara que sus consideraciones en los dos escenarios son bastante optimistas, en el sentido de que se asume que los sectores agropecuario y financiero no tienen un impacto significativo en este contexto.
“Si estos sectores fuesen afectados materialmente, las caídas en el crecimiento real del PIB serían más severas”, indicó.
La causa principal de las pérdidas económicas es “la falta de gobernanza, mostrada en la represión ilegítima y desmesurada, así como la inexistencia de instituciones que hagan justicia de forma independiente y soberana”, afirma Funides.
“En todos los escenarios las pérdidas económicas son cuantiosas, ya que los sectores principalmente afectados, comercio, turismo y construcción, son claves en la economía nicaragüense, resultando con mayores pérdidas totales no solo por su generación de valor agregado, sino también por la generación de empleo”, enfatiza.
Al final del comunicado, Funides exige al presidente de la República y a las autoridades policiales buscar inmediatamente “el cese de la represión y una salida negociada a los conflictos sociales, para evitar perder más vidas y detener los costos sociales que está imponiendo sobre nuestra población”.
“Cualquier vida humana es más importante que las pérdidas materiales”, sostiene Funides.
El economista Mario Arana valoró que tras esos escenarios se debería reflexionar sobre las implicaciones a la población en “esta tragedia en la que hemos estado inmersos”.
Arana, expresidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), instó a considerar esfuerzos para encontrar una solución a la crisis lo más pronto posible.
Funides estimó el impacto económico de un eventual paro nacional. De realizarse, el costo por cada día sería de aproximadamente US$18 millones; es decir, US$126 millones por semana, según las estimaciones de la fundación.
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Las pérdidas semanales serían cercanas al 1% del producto interno bruto (PIB).
Para estas estimaciones, el organismo tomó en cuenta los efectos de la inmovilidad en la logística de bienes, el cierre de servicios de transporte público y privado, así como la suspensión de operaciones de las empresas y efectos en ingresos y servicios del Estado.
El organismo expresó que estas estimaciones expresan la urgencia de que se apliquen las medidas demandadas al presidente de la República, Daniel Ortega, orientadas a lograr la gobernabilidad y el estado de derecho que pide la población.
