Catalá es abogado y administrador civil del Estado, oposición que aprobó a los veinticuatro años. El primer cargo de confianza en el Ejecutivo le llegó con Aznar, que en 1996 le nombró director general de Función Pública. Allí trabajó a las órdenes de Rodrigo Rato.
Desde entonces y hasta 2004, ha pasado por varios puestos políticos y de responsabilidad: director general de personal en el Ministerio de Educación (1999-200), subsecretario de Hacienda (2000-2002) y subsecretario de Justicia (2002-2004), el Ministerio que más le gustaba y al que enfocó sus ambiciones políticas.
Su deseo se cumplió en 2014, tras la dimisión de Ruiz-Gallardón. Antes de llegar a ministro, había sido nombrado secretario de Estado de Infraestructuras, cargo que ejerció entre 2012 y 2014 y al que no aspiraba, según se asegura en su entorno.
Durante los mandatos de Zapatero, pasó por la empresa privada. Fue director gerente del Hospital Ramón y Cajal un año, de 2004 a 2005, antes de dar el salto a la compañía del negocio de apuestas Codere. Allí fue secretario general y miembro del consejo de administración.
Ahora, tras el cese del Gobierno de Mariano Rajoy, Catalá, como el resto de ex ministros, tiene que cambiar de rumbo en su carrera profesional según estipula la ley de incompatibilidades; es decir, tendrá que esperar dos años antes de fichar por una empresa privada para no cobrar un sueldo doble: el de la compañía que le contrate y la pensión compensatoria del Estado por su servicio público.
Según ha podido saber El Confidencial Digital, a Catalá le han empezado a llegar ofertas de grandes despachos de abogados para que estudie la posibilidad de incorporarse como socio una vez expirado el plazo que marca la ley.
En concreto, algún socio de Herbert Smith Freehills y de Baker & McKenzie han contactado con el ex ministro y le han lanzado estas ofertas, tanteando su reacción. Según ha sabido ECD, Catalá no se ha pronunciado en un sentido u otro por ninguna de las dos.
El ex titular de Justicia conserva su plaza de administrador civil del Estado, a la que previsiblemente se incorporará, una vez formalizado el cese y con Dolores Delgado ya nombrada oficialmente ministra de Justicia.
