- «No salieron libres, sino que les ampliaron la celda». La frase la gritó una mujer a las afueras del Helicoide, el lugar de reclusión habitual de presos políticos venezolanos. Lo hizo mientras varios de ellos salieron a las calles el pasado sábado 2 de junio, un día después de que Nicolás Maduro anunciara que su Gobierno liberaría a 79 detenidos en aras de «pacificar» y «reconciliar» al país. Y no le falta razón. Pero la mitad de los excarcelados durante el fin de semana son presos por delitos comunes, incluyendo una involucrada en una estafa y una decena de oficialistas que atacaron al candidato presidencial opositor Henri Falcón el pasado 2 de abril.
De los 41 considerados como presos políticos, solamente tres han logrado la libertad plena. El resto están obligados a presentarse cada 30 días ante los jueces, algunos con procesos iniciados en juzgados fuera de su lugar de residencia, tienen prohibido salir del país y también hablar con los medios de comunicación; una medida que no está descrita en los códigos procesales. Cuando fueron notificados de esas restricciones, fueron obligados a firmar un acta en el que se comprometen con «la paz y la democracia en Venezuela». Así lo reveló el abogado Joel García, defensor de los presos Carmen Gutiérrez y Franklin Hernández.
Los tres con libertad plena son Fermín Cocchione, de 32 años y detenido hace uno durante una protesta; Dylan Canache, de 16 años y acusado de «instigación a protestar», y Juan Pedro Lares, hijo de un alcalde exiliado detenido en julio de 2017, pero que permaneció sin expediente judicial, acusación formal ni juicio, por lo que la ONG Foro Penal que lo defiende lo cataloga como un «secuestrado».
Su director ejecutivo, Alfredo Romero, detalla que de los 41 excarcelados cinco ya tenían permiso de salida desde hace meses, pero la orden era ignorada por los celadores. Y añade que en los casos de los diputados Renzo Prieto –a quien no se le respetó su inmunidad parlamentaria como tampoco a Gilber Caro, que permaneció 16 meses preso– y de Gabriel Vallés, estuvieron cuatro años sin proceso judicial, por lo que debieron haber sido liberados en 2016. La diputada Adriana Pichardo calificó a los excarcelados de «ejemplo de la dignidad, de la resistencia de la valentía y del coraje del pueblo» ya que, agregó, «nunca se doblegaron ante una dictadura que violó sus derechos humanos, los torturó, les violó infinidad de veces su debido proceso».
Según las listas de Foro Penal, certificadas regularmente por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en Venezuela había 357 presos políticos hasta el jueves. Además, la ONG reporta que más de 7.000 personas que estuvieron detenidas por motivos políticos desde 2014 todavía están obligados a presentarse ante los tribunales, pues tienen libertad condicional.
Según la presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento, Delsa Solórzano, después de las medidas otorgadas por el Gobierno aún quedan otros 400 presos por razones políticas. En esos listados se incluyen apenas algunos de los casi 200 militares que han sido detenidos dentro de los cuarteles, acusados de conspiración o de insubordinación. Los partidos políticos opositores agrupados en el Frente Amplio no consideran que la decisión del Gobierno venezolano sea un gesto de buena voluntad. Al contrario, han llamado a reactivar la agenda de «agitación» en las calles.
