Por 19 votos contra cuatro, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que abre la puerta a la expulsión de Venezuela. Con su aprobación arranca un proceso que llevará meses. Requiere de una próxima reunión en la que dos tercios de los países (24 de los 34 miembros) hagan firme lo que hoy no pasa de reacción simbólica, pero espectacular, ante las continuas denuncias por violaciones de los derechos humanos y fraude electoral que llegan desde el país presidido por Nicolás Maduro, redoblados tras los últimos comicios.
Como no podía ser menos, la reacción del delfín de Chávez y hoy líder plenipotenciario de una Venezuela con la oposición encarcelada, los jueces amordazados y una crisis económica galopante, fue hiperventilada. Celebra la medida y promete que, de salir adelante, instaurará un día de fiesta nacional. Tampoco decepcionó su ministro de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza. «No hay imperialismo bueno», dijo. «A pesar de que quieren imponernos la doctrina Monroe, triunfaremos con nuestro bolivarianismo». Curiosamente, Arreaza pasó de la épica a la crítica formal, desprovista de cualquier pasión, cuando afeó a los otros países que incluyeran el punto sobre Venezuela sin atender, en su opinión, a los cauces y procedimientos correctos.
Con su histórica votación la OEA ha respondido de forma contundente a la petición del secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, que el lunes urgía a sus homólogos a adoptar las medidas necesarias para lograrlo. «La suspensión no es un fin en sí mismo», dijo Pompeo, «pero demostraría que la OEA respalda sus palabras con acciones y enviaría una poderosa señal al régimen de Maduro: sólo las elecciones reales le permitirán a su Gobierno ser incluido de vuelta en la familia de las naciones». Una tesis, la de desplegar un cordón sanitario en torno a la república bolivariana, por la que apuesta la Casa Blanca desde hace meses, convencidos los hombres duros de la Administración Trump, y no pocos defensores de los derechos humanos, de que la imparable deriva autoritaria de Maduro y la calamitosa situación del país reclaman soluciones drásticas. Entre otras medidas, Pompeo apuesta por sanciones financieras y el aislamiento diplomático. La expulsión de la OEA, siendo crucial, no agota la batería de medidas.
Cabe recordar al respecto que ya en marzo de 2015 el entonces presidente, Barack Obama, aprobó una catarata de sanciones para bloquear los fondos e impedir la entrada en EE UU a personas que «han contribuido a la situación en Venezuela», entre otras, aquellas «involucradas o responsables de la erosión de las garantías de derechos humanos, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y las violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a protestas antigubernamentales, y el arresto y detenciones arbitrarios de manifestantes antigubernamentales».
Dos años más tarde, en agosto en 2017, Trump rubricó una oleada de nuevas sanciones. Abarcaban, por ejemplo, la prohibición de hacer negocios desde EE UU con Petróleos de Venezuela (PDVSA). Finalmente, el 19 de marzo, la Casa Blanca acordaba prohibir «todas las transacciones en cualquier moneda o ficha digital emitida por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018».
El senador Marco Rubio, miembro del Partido Republicano y rival de Trump en las primarias de 2016, ha celebrado en Twitter que la mayoría de los miembros de la OEA se hayan «solidarizado con el pueblo venezolano y votad o a favor de la democracia y de la justicia». «Aplaudo a las naciones que votaron por la suspensión del régimen de Maduro», reclamó Rubio, que sigue siendo muy respetado en la comunidad latina de Miami. También instó a adoptar nuevas medidas para «aislar a los gobernantes ilegítimos en Caracas». «Ésta es otra advertencia», añadió el republicano, «para Maduro y sus secuaces de que sus días en el poder están contados. Espero con ansias el día en que una Venezuela democrática sea bienvenida en la OEA».
