La Agencia Madrileña de Tutela de Adultos es una de las grandes desconocidas. No porque su carga de trabajo se haya ido reduciendo con los años, todo lo contrario, no deja de crecer, si no porque es un tema que no deja de ser algo incómodo. La directora del centro, Carolina García, y su equipo (formado principalmente por trabajadoras sociales) se ocupan de esas personas que, por motivos de edad o de salud mental, necesitan ayuda para tomar sus propias decisiones. En 2017 atendieron a 3.159 personas, mientras que un año antes, la cifra apenas superaba las 3.000. «De media, cada año tenemos en torno a 150 tutelados más», explica a LA RAZÓN su directora cuando nos acercamos a comprobar su labor diaria.
«Cuando se incapacita a una persona mayor de edad judicialmente es por falta de autogobierno. A veces son los propios familiares los que lo piden, pero en el 90 por ciento de los casos la solicitud parte de los servicios sociales», explica la responsable. Así, la Agencia actúa como garantía y complemento del sistema de tutela y cubre «el vacío derivado de la inexistencia o no idoneidad del entorno familiar o de otras instituciones».
El grueso de los tutelados se sitúa entre los 50 y los 90 años, todos ellos suman alrededor de un 62 por ciento. Sin embargo, cuando llegamos a las instalaciones del centro de Madrid vemos que lo que prima son los jóvenes, principalmente los menores de 40. «A la gente mayor le evitamos que venga aquí, muchos de ellos no se pueden mover bien y, en ocasiones, algunos de los que acuden se ponen algo violentos», explica Elvira, una de las trabajadoras sociales. La visita del diario coincide con el día en que la Policía Nacional se desplaza al centro para hacerles el DNI. «Si no vienen aquí, no acuden a la comisaría, por eso necesitamos que los agentes vengan. Para gestionar su patrimonio es importante que tengan el documento en vigor. En ocasiones, nosotros nos lo quedamos y a ellos les damos una copia para que no lo pierdan», añade.
En la sala de espera está Julia, tiene 23 años, y forma parte de ese cinco por ciento de tutelados menores de 30. «Suelen venir aquí por problemas mentales. Es un grupo del que no se habla tanto como el de los mayores, pero que va en aumento». Con algo de vergüenza se acerca a la redactora. Está ilusionada. «Le decía a mi asistente social María José, que en septiembre voy a empezar a estudiar 3º ESO. Me han aceptado en la escuela de adultos». Cuando era pequeña, esta joven de origen ruso, había estudiado en los mejores colegios, «sé cuatro idiomas», ratifica. Sus problemas con su madre derivaron en una tutela cuando aún era menor de edad. «Cuando llegan, lo principal es valorar su estado mental y físico e ir dando pequeños pasitos para que sus vidas vayan mejorando. El primer día ninguno quiere estar aquí», reconoce María José. Sin embargo, Julia ahora habla de ella con cariño: «Me escucha, me va guiando».
Julia espera a que abran la caja y le den el dinero que le corresponde para las siguientes semanas y Miguel Ángel entra por la puerta. Supera los 60 años, pero la vida no se ha portado bien con él y parece mucho mayor. También ha llegado a la Agencia por su salud mental. Hasta hace unos meses vivía en la calle, pero ahora ya tiene su propia casa. Dice que no le gustan las preguntas, «no sé responder», argumenta, pero pronto empieza a relatar cómo ha terminado siendo un tutelado. «La verdad es que en la calle llevaba muy mala vida. Me quitaban las cosas, me robaban», reconoce. «Yo tenía un grupo de música, de rock, ¿sabes?», dice orgulloso. Pero esa época también pasó. Ahora está feliz, «comparto piso en Usera, un barrio que me gusta mucho». Él también ha ido a sacarse el DNI. Se lo quitaron y han tenido que poner una denuncia para recuperarlo.
Miguel Ángel y Julia no dejan de ser una excepción porque el 76% de las personas tuteladas por la Comunidad están en residencia, mientras que el resto viven en su domicilio, «es la voluntad de la Agencia», explica su directora.
No sólo gestionan su día a día, el departamento de inmuebles se encarga de gestionar los avisos y averías de las casas de las personas que la Comunidad tiene a su cargo, con independencia de si residen en ellas o no. Así, en 2017, tuvieron que tramitar 721, casi un centenar más que en al año anterior. También son los abogados que trabajan con la Agencia los responsables de vender sus pisos.
