Madrid y Barcelona. Dos ciudades hermanadas por las afinadades ideológicas de sus gobernantes y, consecuentemente, por las políticas que llevan a cabo. Y entre ellas, la que concierne a la regulación de los pisos turísticos. Por parte del Consistorio de Carmena, José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible; por parte del Ayuntamiento de Ada Colau, Janet Sánchez, teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad. Ambos protagonizaron el encuentro «Turist go home?», en el Colegio de Arquitectos de Madrid, en el que han cambiado impresiones sobre la masificación de las viviendas de uso turístico (VUT), un problema acentuado en ambas ciudades y que causa mucho malestar entre los vecinos.
Hace menos de un mes, el Ayuntamiento madrileño presentó el borrador de su Plan Especial de Implantación de Uso del Hospedaje. El texto supone la aplicación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU): para realizar cualquier actividad económica, el propietario de un inmueble precisa de una licencia urbanística que obliga a contar con accesos independientes al resto del edificio. Algo que la inmensa mayoría de propietarios que se publicitan en plataformas del tipo Airbnb, Home Away o Wimdu no tienen. Además, el Ayuntamiento ha delimitado a Madrid en cinco zonas, precisando en cuáles es posible y en cuáles no contar con un piso turístico. En resumen: más del 90% de los pisos que se publicitan en estas plataformas no se podrían poner en alquiler. La zona Centro estaría especialmente restringida.
Durante el encuentro, representantes de Airbnb han mostrado su total colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. No hay que olvidar que estas plataformas deberán notificar al Consistorio qué propietarios incumplen la normativa. De hecho, en Barcelona ya han desarrollado un sistema informatizado para alertar de estos casos y se han retirado más de 2.500 anuncios ilegales. Eso sí, la plataforma también ha pedido «soluciones» para aquellos usuarios que se limitan al «home-sharing», es decir, el intercambio puntual de viviendas, y que lo llevan a cabo sin afán de lucro.
Tanto Calvo como Sánchez se han mostrado de acuerdo en pedir al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez herramientas que les permitan limitar el precio de los alquileres para asegurar a los vecinos el acceso a las viviendas, algo «que se ha visto afectado especialmente por los alquileres turísticos» y que les está «expulsando» de los barrios. Y es que la teniente de Alcalde ha señalado que los ayuntamientos, a nivel local, no cuentan con suficientes competencias como para legislar en este sentido.
