Pedro Sánchez anunció ayer a Su Majestad el Rey su nuevo Gobierno, mayoritariamente compuesto por mujeres y de un perfil político y técnico diseñado para apurar al máximo la legislatura. Tanto es así que ha inflacionado casi un 30 por ciento el número de carteras en el Gabinete, con el gasto añadido que genera este tipo de mudanzas ministeriales. Sánchez ha decidido acabar con la austeridad, pero ha empezado por sí mismo en vez de por españoles. Había 13 ministros y ahora va a haber 17. Multipliquen la ampliación por organigramas, asesorías y puestos de confianza y la remodelación no les va a salir barata a los ciudadanos, que serán quienes paguen la «imaginativa» solución de Sánchez para que «la mayoría de la sociedad esté representada» en el Gobierno.
Sin embargo, y pese al poder que concede a Sánchez estar en La Moncloa, no conviene olvidar que se trata de un Ejecutivo sustentado en 84 de 350 escaños, lo que hace prever un Gobierno con enormes dificultades para emprender reformas legislativas. Desde luego, no parece un Gobierno inclinado a la extrema izquierda o a posiciones radicales y, por tanto, es muy probable que no solo quede expuesto a la frontal oposición del PP o de Cs, sino a medio plazo también de Podemos, que en términos electorales seguirá siendo el principal rival del PSOE. Es muy probable que la tentación de gobernar en precario a base de decretos termine convirtiéndose en una necesidad para Sánchez.
Gobernar mediante decretos aprobados en el Consejo de Ministros, y no de leyes acordadas en el Parlamento, es una excepcionalidad. Legítima, pero una excepcionalidad que el PSOE ha denunciado cuando ha sido aplicada por el PP, forzado en circunstancias extremas por su insuficiente mayoría. Es cierto que el Gobierno dispone de un margen de maniobra a la hora de legislar mediante decretos por más que toda la oposición pueda rechazar en bloque esa operativa. Los vetos del Ejecutivo a determinadas iniciativas parlamentarias de partidos rivales son una opción legal y legítima. Sin embargo, no es la manera idónea de regir un país, y en ningún caso debe convertirse en una práctica abusiva para sobrevivir en el poder a toda costa.
Si el horizonte inicial del PSOE y de Sánchez era provocar una crisis política de magnitud para convocar elecciones, los indicios de su Gobierno no apuntan en esa dirección. De igual modo, el clima preelectoral irá caldeándose con los meses y será cada vez más difícil para Sánchez pactar reformas de fondo, porque los socios de moción de censura no tienen por qué terminar siendo socios de gobernabilidad. De hecho, España se adentra en una inédita etapa de probables vetos a múltiples bandas en el Congreso, con la paradoja añadida de que el PP, el partido más votado y forzado a salir de La Moncloa, se ha adentrado ya en un periodo de refundación inexorable con un nuevo liderazgo. El Gobierno de Sánchez no tendrá ni siquiera cien días de gracia. La gobernabilidad va a ser extremadamente compleja.
