Alrededor de dos mil familias aguardan para realizar una adopción nacional. En Andalucía, el sistema de protección infantil de la Junta tutela a dos mil niños, la mayoría en busca de familia. Para muchos, esa posibilidad se esfuma conforme avanzan los años. «Cuando cumplen siete ya se les considera mayores», lamenta Manuel Falcón, psicólogo en el Equipo de Tratamiento Familiar de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Ese es uno de los motivos por el que la lista de espera apenas avanza.
«El factor de la edad es muy importante –recuerda–. La tendencia es que los padres quieran un niño cuanto más pequeño mejor. Tiene que ver con el daño sufrido y con que son más permeables para el ajuste familiar. Paradójicamente ese daño es menos apreciable y puede aparecer más adelante». También sucede que «muchos padres quieren al hermano chico y no al grande, pero eso es un elemento que elimina al candidato porque revela un egoísmo intrínseco».
Desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, responsable de las adopciones nacionales, explican que «el número de solicitantes es mucho mayor que los menores pequeños y sin necesidades especiales susceptibles de adopción». En esa situación solo se encuentran «unos 50 o 60 niños al año», mientras que 1.853 familias esperan hasta seis para tener a su hijo –otras 2.386 aguardan unos cuatro años para adopciones internacionales–. En total, el año pasado 150 pequeños, el 60% con necesidades específicas, pasaron a guarda con fines de adopción, el primer paso para que se produzca la definitiva.
La discordancia entre esas necesidades y las preferencias de los adultos dilatan más los plazos. «La demora depende de los requisitos de los menores que quieran adoptar: para uno de 1 a 3 años sano puede alcanzar los 5 o 6 años, y sin garantías de que se pueda conseguir porque la edad de los solicitantes determina el rango de edad del menor a adoptar», detalla la Consejería. «A medida que las familias flexibilizan sus requisitos el tiempo de espera se reduce porque la mayoría de los menores del sistema de protección susceptibles de una medida de integración familiar (acogimiento o adopción) tienen necesidades especiales: más de 7 años, problemas de salud, de conducta, discapacidad o son grupos de hermanos».
Hasta que son calificadas como aptas, las familias tienen que superar un proceso de jornadas informativas, entrevistas personales con psicólogos y trabajadores sociales y visitas al domicilio. No todas lo logran. Falcón ha vivido también de cerca la situación de un familiar como adoptante, por eso comprende que a veces se considere «injusto» el «exceso de control» que burocratiza las adopciones. «Tenemos que pensar que son niños que vienen de una situación muy dura y asegurarnos de que no se produce un abandono o un daño por segunda vez», explica. Esa labor previa, defiende el también psicoterapeuta, es fundamental para garantizar que los niños encuentren un entorno adecuado. «Muchas veces una segunda desprotección es fatal. No pasa a menudo pero ocurre: familias que adoptan en el extranjero y a los pocos meses ''devuelven'' al niño», lamenta. En esos casos, aboga por que se exijan responsabilidades a los técnicos que la calificaron como adecuada.
Comunicar el rechazo a los posibles padres formaba parte de su labor. Una de sus experiencias más duras, relata, fue con una pareja heterosexual, joven, a priori «perfecta»: los dos con buenos trabajos, una casa grande y «hasta tenían preparada la habitación del niño». Él consideró que no eran aptos en ese momento para adoptar. «Mi criterio era contrario al de la trabajadora social y nos reunimos con la Junta por ello. Mantuve mi decisión porque realmente no tenían espacio en sus vidas ni tiempo material para ese hijo», mantiene.
