El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sitúa al expresidente catalán Carles Puigdemont en una reunión mantenida en junio de 2003, cuando era alcalde de Gerona, con un empresario imputado en el caso de las mordidas del 3 % de CDC para tratar temas de licitaciones públicas.
Así lo refleja De la Mata en el auto en el que llama a declarar a 23 investigados en esta causa que ahora lleva la Audiencia Nacional, entre ellos el ex director general de la empresa municipal Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) Ángel Sánchez Rubio.
El juez menciona su destacada participación en tres adjudicaciones de BIMSA presuntamente irregulares: el carril bici entre Bac de Roda y Felip-II, el mirador del pasaje de la Carretera de les Aigües y las obras de rehabilitación en la calle Luca.
Indica el juez que Sánchez Rubio colaboró en poner en marcha una estructura para financiar ilegalmente a CDC de forma encubierta, concretamente mediante donaciones de empresarios, y además recibió dinero de comisiones tras las adjudicaciones fraudulentas.
Según De la Mata, este investigado dio información privilegiada al empresario Josep Manuel Bassols, consejero delegado en Cataluña de la constructora Oproler.
El magistrado encuadra los contactos con el expresidente catalán en 2013, cuando Sánchez Rubio "ayuda a introducir a la empresa Oproler en el sistema de contratación del Ayuntamiento de Gerona".
"Así se corrobora en el parte comercial que elabora Bassols en fecha 29 de mayo de 2013, donde refleja ese objetivo en una visita reunión en Bimsa-Ayuntamiento de Gerona", dice De la Mata.
Unos días después de ese parte, el 4 de junio, se celebró la reunión preparatoria de la visita a Gerona en la que participaron Puigdemont, Bassols y Sánchez Rubio y que tuvo lugar en el Parlament catalán. El objetivo de ese encuentro -dice el juez basándose en información incautada- fue preparar un "nuevo pliego y organización de licitaciones".
Un día después, el 5 de junio, tuvo lugar otra comida entre Sánchez Rubio, Puigdemont y el entonces teniente de alcalde de Barcelona, Antoni Vives, que tenía como finalidad "seguir el tema".
"Tales afirmaciones -concluye el juez- denotan la falta de imparcialidad y la ilegalidad en el comportamiento de un alto funcionario de BIMSA como es Sánchez Rubio".
El ex director general de BIMSA tendrá que declarar el próximo 12 de junio ante De la Mata en calidad de investigado y el ex teniente de alcalde lo hará el día 14, dentro de la ronda de citaciones que hoy ha dictado el juez del caso 3 %.
Entre otras cosas, el juez basa la imputación de Sánchez Rubio en un informe de la Guardia Civil elaborado a partir de la documentación intervenida a Bassols, en el que concluye que el empresario pretendía "extrapolar" el sistema de contratación "fraudulento" de BIMSA al consistorio de Gerona.
Según este informe, tanto Puigdemont como otros cargos de Gerona aceptaron reunirse con Bassols y se mostraron de acuerdo en "mediar, informar e intentar efectuar 'adjudicaciones directas', consensuar pliegos, etc".
Para la Guardia Civil, este acercamiento a las autoridades locales de Gerona por parte del dirigente de la constructora Oproler queda plasmado de forma gráfica en las fotografías localizadas en uno de los registros en las que aparecen Bassols y Puigdemont en un partido de fútbol en el Camp Nou.
"Ayer llevé al fútbol al alcalde de Gerona (junto con su esposa y un arquitecto de confianza suya). La lluvia nos respetó y el resultado (del partido y de la invitación) fue magnífico. Espero nos ayude a entrar en el ayuntamiento de Gerona", le reportó Bassols al directivo de Oproler Sergio Lerma en un correo electrónico del 20 de febrero de 2012. E
El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar en calidad de investigadas a 23 personas en el caso del 3 por ciento, entre ellos exaltos cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el momento de los hechos, por las presuntas comisiones ilegales pagadas a esta formación a cambio de concesiones de obra pública en Cataluña.
Entre los citados del 11 al 22 de junio, se encuentran Francesc Xavier Sánchez Vera, quien ostentaba el cargo de responsable económico y jurídico de CDC; Anna Dolors Benítez, jefa económica financiera de CDC y Carles del Pozo Cerda, gerente y coordinador de Área Económica de CDC. También están llamados el presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Sixte Cambra, y el exteniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona Antoni Vives.
El juez expone que los ahora citados contribuyeron "a poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente al partido político, en forma encubierta mediante donaciones a Fundaciones ligadas a CDC (CATDEM y FORUM BARCELONA), en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concurso públicos, con la finalidad de dirigir los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con donaciones al partido".
En esta causa, explica el magistrado, se están investigando conductas que revelan, en forma indiciaria, la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político, falsedad en documentos mercantiles y tráfico de influencias.
De la Mata ordena estas diligencias en un auto una vez asumida la competencia de esta causa, procedente del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell, en la línea de lo que ya se acordaba por dicho órgano judicial en auto de 13 de abril, y a la vista de que todavía no se les había dado la oportunidad de ser informados de las imputaciones que se les dirigen y de aportar, en su caso, las explicaciones que estimen convenientes sobre las mismas.
