El Estado que no es

El sábado en San Pedro de Alcántara, a la salida de una Primera Comunión, el padre del comulgante fue tiroteado hasta la muerte en la puerta de la iglesia. El domingo en El Rinconcillo, un grupo de guardias civiles fuera de servicio sufrió un intento de linchamiento por parte de una turba armada con bates de béisbol y botellas rotas (en teoría, los verdugos eran vecinos asistentes a un convite). El lunes en Getares, un niño falleció aplastado por una fueraborda. ¿Qué tienen en común estos tres sucesos, aparte de que ocurrieron en el mismo pedacito costero? Pues que los tres responden a la lógica de un crimen organizado que se ha enseñoreado de un territorio en el que los ajustes de cuentas están a la orden del día, las fuerzas de seguridad son hostigadas como ejércitos de ocupación en país enemigo y las narcolanchas reinan en las playas a plena luz del sol. La defección del Estado de Derecho en el Campo de Gibraltar, una mancha de aceite que ya se extiende por casi toda la Costa del Sol, es un desafío para el Ministerio del Interior a la altura del proceso independentista en Cataluña; pero mi admirado ministro Zoido dice, o le hacen decir, que todo está fenomenal. No, hombre, no. El suceso de Algeciras, despachado con una media sonrisa tal si fuese una gamberrada inocua, es como poco tan grave como la paliza de Alsasua, que ha merecido –con buen criterio– tratamiento de atentado; con la diferencia de que en Navarra, al contrario que aquí, nadie hubo de disparar el arma reglamentaria porque «temía por mi vida», como ha declarado uno de los agentes agredidos. Sea la ETA o sea el cártel, en una punta u otra del mapa, una organización utiliza a la población de una determinada comarca como ariete contra quienes deberían ser los garantes de la Ley y los prescriptores de la seguridad.