El ex presidente de la CAM admite cobros irregulares de 600.000 euros
El expresidente de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, se declaró ayer culpable del cobro irregular de dietas de 600.000 euros en la sociedad Tinser Cartera SL, mientras que los otros 20 acusados –el ex director general Roberto López Abad y 19 exconsejeros de la entidad– negaron los hechos. Antes del juicio, la Fiscalía Anticorrupción y la Plataforma de Afectados de la CAM, que ejerce la acusación particular, habían aceptado un acuerdo ofrecido por la abogada de Crespo, según confirmaron varias fuentes jurídicas.
Un quinto de la pena
Esa propuesta pasa por la aceptación de una pena para su cliente de 9 meses de prisión y una multa de 9.000 euros, frente a los cuatro años y 120.000 euros solicitados por Anticorrupción, por un delito de apropiación indebida agravada, a cambio de su confesión y la devolución del dinero: 200.000 euros ahora y los 400.000 restantes a plazos, en los dos próximos años. Además, el expresidente debe detallar durante el juicio cómo se gestó el cobro indebido de dietas y señalar al presunto diseñador de la operación y a quién lo hizo posible.
En cambio, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a retirar la acusación respecto a los exconsejeros, pero sí les ofreció reducir de dos o tres años de cárcel, según los casos, a seis y nueve meses, respectivamente, su petición de condenas para ellos si se declaran culpables.
La plataforma de afectados, que agrupa a 800 perjudicados de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, sí está dispuesta a exculpar a esos encausados si incriminan a quienes consideran verdaderos culpables del fraude. El presidente del colectivo, Carlos Pena, se mostró convencido de que esos antiguos consejeros fueron engañados por López Abad y el también consejero y presidente de la comisión de retribuciones de la caja, Antonio Gil Terrón, informa Efe.
Esta causa es una de las que afectan a los antiguos responsables de esta caja de ahorros y fue instruida como el resto por la Audiencia Nacional, que la derivó en 2016 a un juzgado de Instrucción de Alicante. En esta primera sesión del juicio, dedicada a cuestiones previas, además de la suspensión rechazada por la sala, los abogados defensores han solicitado la comparecencia de nuevos testigos y algunos de ellos han pedido que se aparte a la acusación particular del proceso.