El que fuera director general de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) -antigua IFA- entre junio de 2004 y junio de 2008, Miguel Ángel Serrano, ha asegurado este miércoles que «de ninguna de las maneras» se podía negar a firmar un convenio particular de ayuda sociolaboral o a empresa en virtud del convenio marco firmado entre el Instituto de Fomento de Andalucía y la Consejería de Empleo en 2001 para la concesión de éstas. «IDEA era una agencia subordinada de la Junta», ha añadido al respecto.
Así se ha pronunciado Serrano, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, durante su declaración en la sesión de tarde de este martes en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra los 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE).
Serrano, nombrado por el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo director general de IDEA siendo ya un ente adscrito a esta Consejería, ha reiterado en varias ocasiones que la agencia era «un mero pagador» de las ayudas sociolaborales a trabajadores o a empresas comprometidas por la Dirección General de Trabajo de la Junta, al frente de la que se encontraba Francisco Javier Guerrero.
A este respecto, Serrano ha explicado que las ayudas sociolaborales y a empresas cuya cuantía era inferior a 450.000 euros eran competencia del presidente de la agencia, delegada en el director general, las de más de 450.000 euros se elevaban al Consejo Rector de IDEA para su aprobación y las que ascendían a más de 1.200.000 euros se elevaban al Consejo de Gobierno de la Junta con la aprobación previa del Consejo Rector de la agencia.
Al hilo de esto, ha indicado que las ayudas sociolaborales eran consideradas ayudas individuales y no superaban los 450.000 euros. «En dos años el Consejo Rector aprobó 200 propuestas de ayudas a empresas superiores a 450.000 euros, de las que 88 se elevaron al Consejo de Gobierno», ha añadido.
En este sentido, ha indicado que el Consejo Rector era el máximo órgano de dirección de la agencia, equivalente a un consejo de administración de una empresa. «Las sesiones estaban preparadas a conciencia y las actas de éstas eran densas», ha afirmado, añadiendo que «los temas se debatían con profundidad y se trasladaba información previa a los consejeros de los temas a tratar». No obstante, ha reconocido que al Consejo Rector no se elevaban las ayudas a trabajadores porque «no eran gestiones propias de la agencia, sólo mediadora de pago».
Serrano ha reconocido que tuvo conocimiento del convenio marco firmado entre IFA y Empleo a través de sus antecesores en el cargo, que posteriormente leyó como algunos convenios particulares. Al respecto de estos últimos, ha asegurado que la agencia «no aportaba nada, sino una toma de razón a una orden de pago, dándose por enterado de que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social daba una ayuda y se pagaría en arreglo a un partida presupuestaria» -31L- a través de transferencias financieras.
