"Restituir al Govern legítimo" fue uno de los mantras que, aunque más JxCat que ERC, los dos principales partidos independentistas repitieron durante la campaña electoral. Pero más de dos meses después de revalidar su mayoría absoluta, la restitución en términos personales se descarta. De entrada los partidos han cerrado un preacuerdo por el que el candidato a la investidura será Jordi Sànchez, quien no formaba parte del anterior Govern.
Sànchez, expresidente de la ANC y preso preventivo en la cárcel de Soto del Real, necesitará pedir pedir permiso al juez del Supremo Pablo Llarena para asistir a la investidura o, al menos, que este abra la puerta a una votación a distancia. Su equipo de defensa ya ha anunciado que así lo harán. Si el magistrado se lo deniega, JxCat piensa en Jordi Turull para ocupar su puesto. Carles Puigdemont quedaría con un rol simbólico de "president legítimo" pero sin atribuciones ejecutivas sobre el papel, y al frente de un "Consell de la República" en Waterloo que aún no tiene forma.
Sobre el dibujo del Govern, los independentistas han cerrado este lunes un preacuerdo que, como ya se avanzó, repartiría el Ejecutivo al 50%. Aunque aún no hay acuerdo sobre la mayoría de nombres, pues la negociación es sobre áreas dejando a la discrecionalidad de los partidos elegir a sus responsables, el esquema que cada parte ha avanzado por su lado implicaría la renovación casi total de los miembros del Consell. De los 13 consellers que fueron cesados el 27 de octubre pasado, solo hay dos que con seguridad están dispuestos a repetir: Jordi Turull y Josep Rull, consellers de la Presidència y Territori respectivamente en la última legislatura.
Ambos esperan repetir en esas carteras, una pretensión a la que se podría sumar Raúl Romeva, que fue conseller de Exteriors, siempre que él lo desease, según recalcan desde ERC. Romeva, por el momento, no lo ha aclarado. Si llegara a rechazarlo, lo más probable es que Exteriors dejase de ser una conselleria.
Quitando estas tres áreas ya adjudicadas, la renovación que se prevé afectaría a todo el resto del Govern, contando además con que se trabaja con la idea de un Ejecutivo con una conselleria más, hasta sumar 14. Contando la salida de Carles Puigdemont de la investidura oficial, en la mesa del Consejo Ejecutivo podrían sentarse esta legislatura hasta 13 personas que no lo hacían seis meses atrás.
De entrada se prevén cambios de caras en todas las principales carteras, como la Viceprèsidencia, sobre la que ERC ha enfriado la opción de Oriol Junqueras mientras esté en prisión, Economia, por el mismo motivo, Ensenyament y Sanitat, cuyos últimos titulares, Clara Ponsatí y Toni Comín acompañan a Puigdemont en Bruselas. También es seguro que se cambiará Interior o Justicia, por la salida de Joaquin Forn y Carles Mundó de la política.
Para todas estas carteras, que se prevé que cambien de manos en el nuevo reparto entre JxCat y ERC, se han buscado pretendientes en los últimos días. ERC piensa en David Elvira, quien fuera el jefe del Servei Català de la Salut (CatSalut) la pasada legislatura, para sustituir a Comín al frente de la sanidad catalana, mientras que para Justicia se perfila Ester Capella, actual diputada en el Congreso. La cartera económica, sin la vicepresidencia, podría quedársela Pere Aragonès.
Aragonès podría repartirse el peso de la gestión económica con Elsa Artadi, para quien JxCat prepara una cartera de Empresa con perfil político para contrapesar a sus socios. Para Ensenyament el mejor situado es el diputado Lluís Font, mientras que para Governació suena Marc Solsona, alcalde de Mollerussa.
Menos claro está el futuro de la consellería de Interior, patata caliente que los partidos se han ofrecido mutuamente y que finalmente podría mantener JxCat. El periódico 'La Razón' aseguraba que Brauli Duart, actual presidente del ente público de radio y televisión de la Generalitat, además de hombre cercano a Mas, podría ponerse al frente del departamento de los Mossos. Fuentes de los partidos rechazaron pronunciarse sobre ese nombre este lunes.
JxCat y ERC trabajan a contrarreloj para presentar el dibujo completo del nuevo Govern antes del pleno del próximo jueves, el primero tras la constitución del Parlament, y en el que está previsto que se apruebe una legitimación presidencial de Puigdemont sin valor jurídico. Sobre el reparto del Govern, el último gran obstáculo era el control del aparato de comunicación, integrado por la corporación pública de medios (TV3 y Catalunya Ràdio), el área de difusión y la propia comunicación del Govern. Fuentes de la negociación explican que este asunto se habría resuelto en los últimos días.
Las conversaciones están tan avanzadas que, este lunes, miembros de los equipos negociadores de JxCat y ERC han sumado a la reunión a representantes de la CUP y al coordinador de organización del PDeCAT, David Bonvehí, en lo que se considera la fase final del acuerdo.
Con todo, los partidos aseguran que el pacto no es inminente y que aún quedan algunos flecos que cerrar. Detalles que deben conjugar las aportaciones de hasta cuatro actores, lo cual podría complicar el cierre de unas negociaciones que no han sido fáciles. Pese a que la pretensión de los partidos es presentar el acuerdo antes del jueves, los negociadores no descartan que puedan alargarse más allá de esta semana.
El calendario es ahora mismo la última de las preocupaciones de los independentistas ya que, aunque el reloj hacia la autodisolución del Parlament comenzara a correr a partir de este jueves, aún tendrían dos meses para lograr la investidura. El manejo de los tiempos sí será importante, explican desde las formaciones, para coreografiar la presentación del pacto, la votación de legitimación de Puigdemont y la posterior investidura. Más cuando este último factor podría estar en manos del juez Llarena, quien hasta ahora no ha dado facilidades para el funcionamiento normal de la Cámara catalana al impedir que los diputados presos acudieran físicamente al Parlament.
