Es habitual que el Ejecutivo andaluz aproveche los actos oficiales con motivo del Día de Andalucía para lanzar algún reproche al Gobierno central. En esta ocasión no ha sido una excepción y la declaración institucional aprobada ayer por el Consejo de Gobierno ha acentuado esta división. Si el año pasado el Ejecutivo andaluz hablaba en su texto de «agravio por la incorrecta aplicación de la financiación autonómica», este año va más allá y reclama «lealtad» al Estado y lo acusa de «lastrar» el crecimiento económico de la comunidad.
La financiación autonómica centra el debate andaluz en los últimos meses. La Junta argumenta que el actual modelo es injusto con la región al estar situada por debajo de la media. Cuantifica esta pérdida de ingresos en 5.522 millones de euros. El problema es que cualquier modificación del modelo pasa por un acuerdo a nivel nacional entre la administración central y las comunidades autónomas –gobernadas mayoritariamente por el PP y el PSOE– y de momento, no hay perspectivas para que así sea. El miércoles, el Ejecutivo que preside Susana Díaz abrió una nueva vía para confrontar con el Gobierno, ya que ha solicitado autorización para acudir a los mercados financieros y captar 1.000 millones de euros. El Consejo de Ministros debe autorizar esta operación ya que Andalucía está acogida a las condiciones establecidas en los fondos de liquidez.
En la declaración institucional formulada ayer, la Junta hace un relato de los hechos en los que equipara la lucha por la autonomía hace 40 años con la necesidad actual de contar con autonomía financiera en la actualidad.
El texto habla del 28 de febrero de 1980 y del 4 de diciembre de 1977 como las fechas clave «en las que el pueblo andaluz salió a la calle en demanda de una autonomía para Andalucía que nos permitiera abrir un tiempo de libertades y de desarrollo como el que posteriormente hemos vivido». Y remata la reflexión de la siguiente manera: «Si entonces el primer peldaño que queríamos subir nos llevaba al autogobierno, a dotarnos de competencias, hoy defendemos con firmeza una financiación correcta para el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos a los que tienen derecho los andaluces y las andaluzas».
Incluso da por hecho que el Gobierno no impedirá que Andalucía acuda a los mercados financieros: «Vamos a poder salir a los mercados financieros en busca de recursos que mejoren la vida de los ciudadanos», dice la declaración institucional. El mensaje es claro: si la autorización no llega, el Ejecutivo de Rajoy estará atentando contra el bienestar de los andaluces, por lo que sea cual sea la decisión la Junta saldrá ganando ya que dispondrá de mil millones de euros más para gastar cuando falta en torno a un año para las elecciones autonómicas o tendrá munición política para criticar el «maltrato» al que el Gobierno del PP somete a Andalucía.
El tema central de la financiación no impide abordar otros asuntos. La Junta se pronuncia de nuevo a favor de una reforma constitucional que debe abordarse «siempre bajo la premisa de preservar las fortalezas del edificio constitucional que tanto nos ha dado a los andaluces y andaluzas y al resto de los ciudadanos del Estado».
Con respecto al asunto catalán, como es habitual, hay un intento por mantener un equilibrio entre los independentistas y los centralistas: «Las amenazas hacia la integridad territorial de España como país no pueden ser excusa para una tentación recentralizadora en el que las comunidades autónomas queden relegadas a un segundo plano».
