No parece que el culebrón por la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) vaya diluirse rápidamente tras la sentencia del Tribunal Supremo. Esa parece la intención de prácticamente todo el arco parlamentario, a excepción de ERC, que no se pronunció. PP, PSC y C's exigieron ayer explicaciones al ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, como responsable político del desaguisado, mientras que la CUP y el Ayuntamiento de Barcelona –en manos de los «comunes»– reclamaron recuperar la gestión pública y la devolución de los cobros indebidos a los consumidores. El primero en pronunciarse al respecto fue el líder del PP, Xavier García Albiol, quien anunció que registrará hoy una comparecencia en el Parlament de Mas, y si éste no accede, amenazó con ir más allá, insinuando acabar en los tribunales.
Para Albiol, como para el resto, además de las explicaciones por la fraudulenta adjudicación, también ponen el grito en el cielo sobre los 400 millones de euros que deberá hacer frente la Generalitat en concepto de devolución de los pagos de la concesionaria, Acciona, así como las reclamaciones por daños y perjuicios –había pagado ya 300 millones de los 1.000 millones que tenía que pagar a 50 años por la adjudicación–. En este sentido, el líder popular exigió que ese dinero no corra a cargo de los consumidores –ATLL abastece a 4,5 millones de personas del Área Metropolitana de Barcelona–.
En esa línea se mostró la líder de C's, Inés Arrimadas, quien consideró que esa adjudicación fue una «chapuza» y exigió a todos los responsables que «dén la cara». «Dicen que la culpa de todo es de España y luego hacen chapuzas que costarán dinero a todos los catalanes», aseguró Arrimadas. Por su parte, el PSC pedirá responsabilidades tanto a Mas como a su ex conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, cerebro de esa operación. Para el PSC esa «chapuza puede acabar costándonos a los ciudadanos de Cataluña mucho dinero», y ahora, también intentará, a través de una proposición de Ley, revocar la privatización de la gestión de ATLL y exigirá a la Agencia Catalana del Agua que suspenda el acuerdo que adoptó hace unas semanas que incrementaba la tarifa del agua un 11,8 por ciento.
La CUP también exigió recuperar la gestión pública y emplazó al resto de grupos parlamentarios a trabajar en esa dirección, mientras el Ayuntamiento de Barcelona fue más allá y también reclamó que se retornen a los ciudadanos una serie de importes que se han estado cobrando a lo largo de estos últimos cinco años. «Hace cinco años que la ciudadanía está pagando unos costos que no tocaban, y se deberán resarcir», aseguró el concejal de Presidencia de Barcelona, Eloi Badia.
