La reforma de la financiación autonómica está dejando al trasluz los roces entre algunas comunidades. Galicia y Valencia son el mejor ejemplo. Si Alberto Núñez Feijóo destapó el tarro de la polémica señalando la deficiente gestión de las cuentas públicas de la Generalitat, ayer Ximo Puig le envió un nuevo aviso: «Lecciones, pocas». El último capítulo de las tensiones entre ambos territorios tiene su origen en la cumbre celebrada el pasado lunes en León, donde los presidentes populares de Galicia y Castilla y León compartieron mesa con los socialistas de Asturias y Aragón. Los objetivos de estas cuatro son comunes:un modelo basado en el coste efectivo de los servicios, rechazar de raíz las quitas de deuda y ponderar adecuadamente el envejecimiento y la dispersión. Pero Valencia rechaza todas estas variables con profusión. Para Puig, algunas de las recetas acuñadas por Feijóo son «un insulto a la inteligencia».
Galicia, sin embargo, escucha las críticas apostada desde una prudente barrera. Cierto es que Feijóo fue el primero en indicar que a la Generalitat se le habían condonado más de 11.000 millones de euros en concepto de intereses de deuda, pero el presidente de la Xunta optó ayer por circunscribir el enfado de Puig a la tensión que impera entre barones del Partido Socialista. «Me da la sensación que eso no va tanto por mí como por otros colegas del PSOE», previno el mandatario popular desde la sala de prensa del Consello.
La foto de León escuece dentro de las filas del PSOE. Ésa es la visión compartida por Feijóo. Y lo cierto es que hay dos bloques que empiezan a vislumbrarse. En el primero, figuran el asturiano Javier Fernández y el aragonés Javier Lambán, críticos con el mando de Ferraz y perfectamente acoplados a las reivindicaciones del frente de comunidades del noroeste. Pero en el segundo están Valencia o Extremadura, en cuyo caso su presidente, Guillermo Fernández Vara, también censuró la articulación de «frentes» para encarar el debate de la financiación.
Aún así, el titular de la Xunta quiso reducir gradualmente la tensión, sin rectificar ni un ápice sus argumentos. Primero, aseguró que no iba a entrar en «descalificaciones» con ninguno de sus homólogos autonómicos. Segundo, reivindicó que el dato de los 11.000 millones de euros es una verdad palmaria perfectamente contrastada por el Ministerio de Hacienda —«y si no», retó a Valencia, «me gustaría conocer una cifra réplica»—. Y tercero, precisó que el foro constituido con sus socios regionales no persigue otra cosa que poner encima de la mesa un «potente» mensaje: «Por encima de los territorios, y de los partidos, están las personas». Vivan donde vivan.
El resto son cuitas secundarias. «No creo que nadie se deba enfadar», agregó Feijóo antes de afear a su homólogo valenciano el tono de confrontación. «Me sorprende muchísimo que un presidente sensato como Ximo Puig diga este tipo de cosas ofensivas no solo para mí, sino para los cuatro presidentes autonómicos que firmamos la declaración conjunta».
A la espera de Montoro
A quien también dejó un mensaje el presidente de la Xunta fue al PSdeG. Horas después de que Xoaquín Fernández Leiceaga planteara un encuentro de todos los partidos para sellar una postura común ante la financiación, Feijóo optó en su respuesta por medir los tiempos. «No hay inconveniente», dijo, pero una vez que el Ministerio de Hacienda haya dado a conocer cuál es su propuesta. «Leiceaga sabe que lo peor que puede hacer una comunidad es precipitarse».
El Gobierno gallego niega oscurantismo. «Estamos trabajando con luz y taquígrafos». Prueba de ello, fue la comparecencia parlamentaria del responsable de Orzamentos, Miguel Corgos, en la que abogó por incluir en el sistema más grupos de edad a partir de los 65 años y por acabar con la «financiación encubierta» de instrumentos como el FLA. Esos a los que no recurrió Galicia. Valencia, sí. Y la factura enfrenta a ambas.
