En los despachos de varios líderes políticos mundiales proliferan los recortes de libertades, las medidas de austeridad económica y los "discursos del odio". En las calles, lejos de amedrentarse, cada vez más gente protesta y exige justicia. En 2017, el mundo se adentró en una "nueva era de activismo social" empujada por el "abandono" de los derechos humanos en muchos rincones del planeta, según concluye Amnistía Internacional (AI).
La ONG ha publicado este jueves su informe anual en el que ofrece una panorámica de los derechos humanos en 159 países. Si el año pasado alertaba de que la retórica xenófoba y contra ciertos colectivos se estaba instalando en numerosos países, este año analiza algunas de sus "terribles consecuencias" y constata el impulso de los movimientos de protesta a escala global.
"El año pasado, con el mundo sumido en crisis, líderes prominentes nos ofrecieron la visión dantesca de una sociedad cegada por el odio y el miedo. Esta situación envalentonó a quienes promueven la intolerancia, pero motivó a muchas más personas para luchar por un futuro más esperanzador", ha asegurado Salil Shetty, secretario general de la ONG.
Amnistía Internacional ha decidido presentar este año su evaluación anual en Washington. A su juicio, los retrocesos decretados por el presidente Donald Trump "están sentando un peligroso precedente" para otros gobiernos. La organización destaca la prohibición de la entrada a EEUU de personas procedentes de varios países de mayoría musulmana, el "apoyo público" a la tortura, los elevados niveles de violencia por armas de fuego y los ataques a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas.
En la calle, contestando a sus medidas, ha estado el movimiento de mujeres, que ha tenido réplicas en todo el mundo y ha denunciado la violencia machista al grito de "Yo también" y "Ni una menos". Ellas, las mujeres, han estado al frente de este resurgir del activismo detectado por Amnistía Internacional. En Rusia y en Polonia también hubo intentos de restringir sus derechos. Por otra parte, en varios países se registró una represión "generalizada" de la comunidad LGTBI.
El informe detalla algunas victorias de los movimientos sociales, como la despenalización del aborto en Chile, los avances hacia el matrimonio igualitario en Taiwán o una sentencia "histórica" contra los desalojos forzosos en Nigeria.
"Cuando el poder judicial es independiente, es un freno a los abusos del poder junto a la sociedad civil", ha señalado Esteban Beltrán, director de AI España en rueda de prensa.
La mecha de la protesta se prendió también en Polonia, que en 2017 vivió manifestaciones "masivas" contra las políticas del Gobierno que "aumentaban" su control sobre el poder judicial, las ONG y los medios, según documenta AI. En Zimbabue continuó la movilización de activistas en las calles y en las redes sociales y en India, miles de personas marcharon contra los crímenes de odio contra los musulmanes bajo el lema "No en mi nombre".
"No importante cuán excluida esté la gente que siempre demandará igualdad y justicia, la movilización masiva es necesaria para conseguir cambios", ha afirmado en una rueda de prensa Arancha Vicario, presidenta de AI en España. Sin embargo, este resurgir de los movimientos sociales también se ha traducido en un aumento de la represión por parte de los Estados que tratan de acallar estas críticas.
Alzar la voz contra los abusos, insisten desde la ONG, "cada vez se ha vuelto más peligroso". En este sentido, la libertad de expresión será, a su juicio, "un campo de batalla decisivo" en 2018. Al menos 312 activistas fueron asesinados el año pasado. "Las amenazas han sido constantes y tuve que emigrar para proteger mi vida", ha comentado Yolanda Oquelí, defensora guatemalteca amenazada por enfrentarse a las multinacionales y superviviente de un intento de asesinato en 2012, durante la presentación del informe.
Allí también estaba Ignacio Robles, un bombero que se negó hace casi un año a colaborar en el envío de armas a Arabia Saudí en Bilbao y fue expedientado por ello. "Podría suponer la pérdida de mi trabajo durante seis años. Parece que será favorable, pero el daño ya está hecho: me he gastado mucho dinero, he pasado noches sin dormir, me han robado tiempo con mi familia... ha sido muy duro", resume.
Otros "signos de regresión" mencionados por AI son las "medidas de represión" del derecho de protesta en Francia, el "aumento vertiginoso" de la persecución por parte del Gobierno turco tras el intento de golpe de Estado, la detención de centenares de manifestantes en Rusia y la "fuerte represión" en varios países africanos como Angola, Congo, Kenia, Sierra Leona y Uganda.
Este hostigamiento se extiende a Internet: en 2017, China aumentó su control sobre la red y Camerún y Togo bloquearon el acceso. Varios países trataron de "amordazar" a los medios de comunicación, con Turquía, Egipto y China a la cabeza de reporteros encarcelados y México con el mayor número de periodistas asesinados.
La ONG considera que uno de los principales triunfos del "discurso del odio" se ha dado en Myanmar con la campaña militar de "limpieza étnica" de la población rohingya que ha expulsado a miles de personas. "Vemos claramente a qué extremos puede llegar una sociedad a la que se insta a odiar a las minorías, a utilizarlas como chivo expiatorio y a temerlas", sostiene Shetty.
Además, persisten los conflictos que afectan de forma "devastadora" a la población civil y "alimentados" por la venta mundial de armas. Son los casos de Yemen, Siria, Irak y Sudán del Sur. Afganistán registró el mayor número de víctimas civiles de su historia. Además, hubo concentraciones racistas en Polonia y EEUU. Trump no estuvo solo en la aplicación de "políticas xenófobas", recuerda la ONG, que señala los casos de Hungría y Australia, que encierra a solicitantes de asilo fuera de su territorio.
El año en que la UE incumplió los compromisos de acogida pactados en 2015, el discurso del odio contra las personas migrantes y refugiadas avanzó en Europa. En Alemania, Austria, Francia y Países Bajos, algunos candidatos electorales trataron de "utilizar las inquietudes sociales y económicas para fomentar el miedo y la culpabilización" de estas personas, según AI.
"Si quienes ejercen el liderazgo no se percatan de lo que está llevando a la gente a protestar, será su ruina. La gente ha dejado sobradamente claro que quiere que se respeten sus derechos humanos; ahora corresponde a los gobiernos mostrar que están escuchando", concluye Shetty.
