Amnistía Internacional considera que 2017 ha sido un mal año para la libertad de expresión en España y denuncia que "alzar la voz, incluso en redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso", como muestra las 20 condenas dictadas por "enaltecimiento al terrorismo" y humillación a las víctimas.
En el balance anual sobre el cumplimiento de los derechos humanos en 159 países del mundo, Amnistía Internacional alerta de las consecuencias de la retórica del odio y el miedo -en los discursos de los gobernantes-, que amenaza con normalizar la discriminación de los grupos marginados.
En España, el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha denunciado que "cada vez hay más miedo a salir a la calle y a movilizarse para reclamar derechos" por las "miles de sanciones impuestas a particulares, activistas y periodistas en relación con libertad de expresión" en aplicación de la "ley mordaza" o de Seguridad Ciudadana.
"La arbitrariedad con la que se aplican las sanciones, la discrecionalidad con que opera la Policía y la falta de mecanismos de supervisión de la actuación policial está teniendo sus consecuencias", ha añadido Beltrán, quien insiste en que "se han disparado los juicios y condenas" por ese motivo.
Amnistía lamenta que "comentarios en redes sociales, letras de canciones controvertidas y bromas están siendo criminalizadas bajo esa categoría vaga de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas".
Beltrán, ha advertido de que, a juzgar por 2017, este año "la libertad de expresión va a ser un campo de batalla decisivo para los Derechos Humanos".
AI ha comentado en este sentido "el impacto de las 'noticias falsas' como herramienta para manipular a la opinión pública" y ha vaticinado que "es probable que la capacidad tecnológica de difuminar la distinción entre realidad y ficción no haga más que aumentar en el futuro".
Beltrán ha reprochado al presidente de EEUU, Donald Trump, que haya intentado "pública y compulsivamente" menoscabar a la prensa. Si bien "otros gobiernos han renovado su interés por controlar las redes sociales": en Togo las autoridades se apoderaron de Internet durante las recientes protestas opositoras; y China, "por si no fuera suficiente el nivel de control" ya existente, ha aprobado una nueva ley de ciberseguridad para "censurar el contenido de los usuarios", ha recordado Beltrán.
Ha crecido igualmente la persecución a la prensa. De acuerdo con la ONG, en 2017 un total de 262 periodistas fueron encarcelados por su trabajo, sobre todo en Turquía, Egipto y China y en 28 países de África --"más de la mitad del continente", ha enfatizado Beltrán-- se han impuesto restricciones a los medios de comunicación. México, ha dicho, "es un lugar especialmente triste": solo el año pasado mataron a 11 informadores "con total impunidad".
Esta persecución se extiende a los defensores de los Derechos Humanos. El año pasado 312 fueron asesinados.
El informe también condena "el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante el 1 de octubre en Cataluña contra miles de manifestantes" ante la prohibición del referéndum.
En esta evaluación de los derechos humanos, Amnistía expone el impacto que siguen teniendo los recortes sanitarios y educativos, "que se mantienen", y la desprotección frente al derecho de vivienda.
Censura también los desalojos forzosos "sin garantías judiciales adecuadas, ni provisión de alojamiento alternativo por el Estado" realizados en 2017: 26.767 desalojos por impago de alquiler y 16.992 por ejecución hipotecaria.
España incumplió sus compromisos de reubicación y reasentamiento de refugiados con la UE y respecto a las peticiones de asilo registradas el pasado año, explica el informe, ascendieron a 25.853, aunque al concluir octubre seguían pendientes de resolver 34.655 solicitudes.
"Los derechos humanos no se encuentran en las políticas migratorias", ha señalado Beltrán, quien ha lamentado que sigan registrándose "devoluciones en caliente" en la frontera de Melilla, a pesar de que España haya sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En la presentación del informe, la abogada que defendió esos casos, Isabel Elbal, ha destacado la importancia de que el tribunal europeo haya declarado que "las devoluciones en caliente son ilegales porque vulneran el derecho a los derechos".
"La seguridad de la ciudadanía es compatible con el cumplimiento de los derechos humanos", ha opinado la letrada.
En ese sentido, la ONG ha señalado a Trump como uno de los culpables de la situación de los inmigrantes hoy en día, ya que arrancó su mandato con un veto migratorio a nacionales de países de mayoría musulmana. Sin embargo, aunque "preparó el terreno para un año en el que quienes ejercían el liderazgo llevaron la política del odio hasta sus últimas y más peligrosas consecuencias", no ha estado solo, ha indicado el secretario general de AI, Salil Shetty.
"Y ahora se ciernen sobre el mundo los fantasmas del odio y el miedo", ha lamentado. Mientras que los gobiernos que salen en defensa de los Derechos Humanos "son pocos", hay líderes como el egipcio Abdelfatá al Sisi, el filipino Rodrigo Duterte, el venezolano Nicolás Maduro, el ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping, entre otros, que "menoscaban sin piedad los derechos de millones de personas", ha enfatizado Shetty.
Como ejemplo, Amnistía Internacional ha mencionado "la situación de Apartheid" que sufren los rohingya, una minoría étnica de fe musulmana que habita el estado birmano de Rajine. Desde el pasado 25 de agosto, cuando estalló "la terrible campaña militar de limpieza étnica", unos 700.000 rohingya han huido a Bangladesh, si bien para la ONG "las señales de alarma eran visibles desde hacía tiempo".
Ignacio Robles, un bombero de Bilbao que ha sido expedientado por negarse a colaborar en un envío de armas a Arabia Saudí desde el puerto de Bilbao, ha relatado las consecuencias para su vida personal y profesional de haberse negado "a ser cómplice de crímenes de guerra".
"Cada 10 minutos muere un niño de menos de 5 años en Yemen, y yo tengo dos hijos de esa edad; me dan ganas de llorar cuando oigo esas informaciones", ha reconocido este bombero, para el que su "expediente ha sido un aviso a todos los profesionales que tienen relación con esos envíos".
"La dejadez de la mayoría de los gobernantes está provocando que la sociedad tome partido, pero se toman medidas de represión brutal contra los activistas", ha dicho Ignacio Robles, quien ha destacado que "una acción muy pequeña, puede tener unas consecuencias muy importantes".
Por su parte, la activista guatemalteca Yolanda Oquelí ha relatado el sufrimiento que deben soportar los defensores de derechos humanos, como en su caso, que tuvo que salir de su país tras un atentado por enfrentarse a las multinacionales.
"Yo vivo, pero hay compañeros muertos y el único delito que hemos cometido ha sido denunciar violaciones de derechos humanos; en el caso de las mujeres tenemos una doble carga, porque debemos abandonar a nuestra familia por denunciar lo injusto", ha asegurado Oquelí, que ha sido acogida en España en un programa de protección de defensores de derechos humanos.
"Las activistas que estamos defendiendo el agua y las tierras somos amenaza para las multinacionales y los gobiernos corruptos, especialmente el Gobierno de Guatemala; es uno de los gobiernos que está de la mano de las multinacionales y es un total violador de derechos humanos", ha concluido.
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