Sí fue posible este pasado miércoles el acuerdo en las Cortes de Castilla y León en torno a las autopistas que conectan Ávila y Segovia con Madrid -la Ap-6 y las Ap-51 y Ap-61 para que, en los tres casos, se consiga la eliminación de los peajes, aunque la fecha para lograr dicha liberalización es aún una incógnita. El consenso se alcanzó con 82 votos a favor (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) y la abstención de los dos del Grupo Mixto, si bien socialistas y populares acordaron una propuesta de resolución que unificaba las dos Proposiciones No de Ley que presentó cada grupo y que defendieron de forma conjunta.
Así, el texto del acuerdo recoge en su primer punto la exigencia al Gobierno de Rajoy para que informe sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2010 que declaró ilegal la concesión otorgada en 1999 y, en todo caso, se reclama el «cumplimiento estricto» de la misma. Es, precisamente, este asunto la piedra angular de la polémica concesión ya que hay diferentes interpretaciones sobre la citada sentencia y la fecha en la que finalizan la autorización. En principio, desde el Ministerio se señala que a partir de 2019 se fijarán los años que restan si bien el departamento de Íñigo de La Serna ya ha asegurado que no se prorrogarán las concesiones que lleguen a su fin.
«Fórmulas viables»
El acuerdo de PP y PSOE, al que se sumaron Podemos y Ciudadanos, también pide que se apliquen «las fórmulas viables técnica y económicamente para compensar a la ciudadanía de Ávila, Segovia y otros puntos de la Comunidad por el pago de peaje por utilizar vías de alta capacidad que comunican Castilla y León y Madrid».
La iniciativa se detiene, además, en lo ocurrido en la noche del día de Reyes cuando miles de vehículos se quedaron atrapados en la AP-6 como consecuencia de la nevada. Así, se reclama que se analice el cumplimiento del contrato por parte de la concesionaria Iberpistas y se solicitan las actuaciones sancionadoras derivadas de las responsabilidades en que hayan podido incurrir. Por último, se pide al Gobierno que ejecute las actuaciones necesarias para que pueda ser utilizada la AP-6 sin peajes como variante de San Rafael (Segovia).
El procurador del Grupo Popular, Juan José Sanz Vitorio, fue el encargado de defender la iniciativa para insistir en que «la autopista de peaje ha generado dinamismo y actividad económica en la zona» y, al mismo tiempo, exigir al Gobierno que una vez que cumpla la concesión no se concedan prórrogas. También reclamó saber «qué paso» durante el episodio de las nevadas» para que «se asuman responsabilidades». El socialista José Luis Aceves calificó la iniciativa de «sensata porque aborda el problema y avanza en soluciones» y advirtió de que «estos peajes son un ejemplo de desigualdades con respecto a otros ciudadanos que no tienen que pagarlos en las entradas hacia Madrid» desde otros puntos de España.
Por su parte, Natalia del Barrio, procuradora de Podemos- grupo que mostró muchas dudas respecto a la resolución pero finalmente votó a favor- destacó que la recuperación de la autopista tiene un coste de 300 millones, frente a otras vías en las que la cifra es mucho más elevada. Sin embargo, durante su intervención incidió en que la construcción del tercer túnel de la AP-6 y los dos ramales (Ap-51 y AP-61) «fue un claro ejemplo de corrupción, con una concesión que fue ilegal», una afirmación en la que también incidió el procurador de IU, José Sarrión. Mientras, desde Ciudadanos, Belén Rosado se refirió al peaje como «una sanguijuela económica para ciudades y empresas», por lo que advirtió de la necesidad de consenso entre los grupos para acabar con él
Ya en pasillos, el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, calificó de «histórico» el acuerdo alcanzado en las Cortes para que las autopistas queden libres al día siguiente de concluir la concesión.
