La privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) por parte de la Generalitat va camino de convertirse oficialmente en una chapuza. El Tribunal Supremo anuló ayer el concurso, por lo que el Govern se puede ver obligado a devolver 300 millones de euros que Acciona pagó en su día. Para acabar de certificar el embrollo, el alto tribunal debe resolver otros dos recursos sobre la misma cuestión, uno presentado por Aigües de Catalunya (sociedad del banco de inversión brasileño BTG Pactual, socio de Acciona) y el otro por Acciona Agua y la propia concesionaria ATLL.
En cualquier caso, el Supremo ha rechazado los dos recursos que se habían presentado y ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que en el 2015 anuló el proceso de adjudicación de ATLL. La justicia ha dado así la razón a Agbar, la empresa que perdió el concurso y que denunció el proceso de adjudicación.
Acciona ya avisó que en caso de que se acabara anulando el contrato exigiría a la Generalitat la devolución de los 300 millones de euros que abonó en el momento de la adjudicación como primer pago del canon concesional. Además de compensaciones por las inversiones realizadas,
ATLL es la empresa pública que presta el servicio de abastecimiento de agua «en alta» (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana, que abastece a unos 4,5 millones de personas, lo que da una idea de la importancia de la privatización.
El origen de la batalla judicial es la privatización de su gestión, que la Generalitat llevó a cabo el 6 de noviembre de 2012, días antes de las últimas elecciones autonómicas, y que finalmente adjudicó al consorcio liderado por Acciona, descartando la oferta presentada por Agbar. Así, la Generalitat obtuvo inicialmente del consorcio ganador 298,6 millones de euros, aunque se apuntó contablemente los 1.000 millones correspondientes a toda la duración de la concesión para paliar, sobre el papel, las maltrechas cuentas de la Generalitat y maquillar el déficit.
El tribunal concluye, pues, que no se han infringido los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de los procedimientos e igualdad de trato para todos los licitadores. «Al contrario, la sentencia se ha preocupado de que la igualdad entre los licitadores, la publicidad y la transparencia del procedimiento sean efectivas. Por eso, advertida una confusión relevante, resolvió en consecuencia», concluye. Del fallo se deduce, por lo tanto, que la Generalitat generó confusión al aclarar sin seguir el procedimiento establecido el calendario de obras previsto por las ofertas, lo que, según los jueces vició todo el concurso.
Tras conocerse el fallo, Agbar aseguró dar «por supuesto» que la Generalitat cumplirá y ejecutará lo antes posible la sentencia del Tribunal Supremo. La compañía recordó que llega después de cinco años de recursos, y ha recordado que desde el primer momento, ya avisó de que la adjudicación era «irregular», según indicó un portavoz de la empresa.
