Nuevo episodio para un caso polémico como pocos en los últimos años en Cataluña. Los condenados por el millonario expolio de las cuentas del Palau de la Música –que podría ascender a 35 millones de euros– , el ex presidente de la entidad Fèlix Millet y su ex mano derecha, el ex director administrativo, podrían salir próximamente de la cárcel.
Asi lo decidió un juez de la sección décima de la Audiencia de Barcelona, que ayer anunció que aceptó los recursos interpuestos las respectivas defensas. Parte de la polémica viene por el enorme retraso ocurrido con el correspondiente juicio. El caso se destapó en julio de 2009, pero ha existido cierta lentitud, además de múltiples cambios de juez.
Otra causa
Millet y Montull fueron encarcelados durante breves días por otra causa, la del proyecto del hotel de lujo cercano al Palau. Ahora, tras el desfalco de las cuentas de la entidad, ambos condenados ingresaron en prisión el pasado 5 de febrero. Las penas fueron de nueve años y ocho meses y siete años y medio, respectivamente. También hubo otros condenados.
Con los bienes amargados, evidentemente ahora el problema se llama las fianzas impuestas. La Audiencia de Barcelona impuso 400.000 euros para Millet y 100.000 para Montull, y al parecer ayer tenían serias dificultades para sumar estas cantidades. El ex presidente del Palau tiene todos sus bienes entregados voluntariamente y embargados, y además están vendiendo bienes de manera activa para resarcir a los perjudicados, por lo que parece difícil que reúna la cantidad exigida por el tribunal.
La sala considera que sigue existiendo riesgo de huida en el caso de Millet y Montull, pese al argumento de su defensa de que tienen arraigo en Cataluña, y se remite al «ejemplo» de «determinadas personas que disponiendo de trabajo, en algunos casos con hijos e incluso habiendo ostentado y habiéndose postulado para ostentar cargos públicos, se encuentran en la actualidad en el extranjero, huidos de la acción de la justicia», en referencia al ex president Carles Puigdemont.
Para la Audiencia, las fianzas fijadas son suficientes para «limitar» el riesgo de huida y, en el caso de que las paguen, ordena retirarles el pasaporte y les obliga a comparecer mensualmente ante el tribunal.
