Las continuas incidencias registradas en los túneles de la capital han llevado al Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) a tomar una medida excepcional: retirar la concesión de forma temporal a la empresa responsable de su mantenimiento con el objetivo de ejecutar las obras necesarias. El secuestro de la adjudicación es una figura jurídica contemplada en los pliegos del contrato que vincula al consistorio con Dragados. Que el equipo de Gobierno se haya visto obligado a recurrir a su aplicación ilustra hasta qué punto se encuentran enconadas las posiciones entre la administración pública y esta empresa privada. Desde Cibeles consideran que los cortes provocados en los túneles han tenido como consecuencias «atascos, colapsos y falta de itinerarios» y se deben a la «falta de diligencia» de Dragados en su labor de mantenimiento, en palabras del responsable de urbanismo. La delegada de Movilidad, Inés Sabanés, fue aún más lejos al señalar «cierta intencionalidad» en todos estos incidentes. «Yo soy de las que creo que las casualidades en política no existen o existen muy poco», aseguró Sabanés, antes de añadir que la concesionaria ha sido «extraordinariamente diligente en cerrar túneles y muy poco en repararlos».
El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, aseguró que la situación que se ha vivido en una decena de pasos inferiores de la ciudad es de «emergencia». El edil de Podemos reconoció, sin embargo, que las incidencias –la mayoría vinculadas con la conducción de agua filtrada por canaletas hasta el sistema de drenaje– pueden resolverse en 72 horas y con un coste reducido. Pese a ello, el consistorio sólo ha considerado necesario secuestrar la concesión a Dragados tras varias semanas en las que los cortes de los túneles han provocado importantes atascos. A pesar de ser habituales estas filtraciones de agua, la situación en algunas infraestructuras se ha visto agravada por roturas en tuberías del Canal de Isabel II y por fisuras en la playa de vías de la estación de Chamartín.
La decisión de secuestrar la concesión a Dragados, anunciada oficialmente ayer, fue adoptada hace dos semanas. Según la versión del Gobierno municipal, se optó por esta vía después de que la concesionaria no realizara los trabajos requeridos desde el área de Desarrollo Urbano. Dragados recurrió la decisión del Ejecutivo de Carmena. Los juzgados de lo contencioso administrativo –los números 6 y 23– han concedido a la concesionaria una cautelarísima que suspende la decisión municipal. Sin embargo, estos mismos juzgados conceden al Ayuntamiento un plazo para justificar la aplicación del secuestro temporal de la concesión.
A la espera de que el consistorio pueda justificar su intervención y la justicia escuche sus demandas, el área de Desarrollo Urbano Sostenible ya ha redactado los expedientes y los proyectos sobre los seis túneles en los que quiere intervenir. Se trata de los pasos inferiores de Plaza de Castilla (en ambos sentidos), Pío XII (tanto el tubo norte, sentido Monforte de Lemos y Sinesio Delgado, como el tubo sur, sentido avenida de Burgos y M-30), José María Soler (tramo sentido Gran Vía de Hortaleza), Sor Ángela de la Cruz (en ambos sentidos, Villamil y Castellana), Azca (en salida a Capitán Haya, entrada por la calle Basílica y anillo interior) y Puerta de Toledo (sentido Ronda de Segovia). El Ayunyamiento ya ha presupuestado los trabajos previstos y oscilan entre los 10.000 euros y los 50.000 por cada túnel.
De momento, estas infraestructuras seguirán cerradas total o parcialmente ya que, tal y como explican desde el consistorio, las medidas derivadas de la presencia de agua se corresponden con estrictos protocolos de seguridad y sólo pueden ser levantadas una vez que el concesionario realice las obras necesarias para reparar las filtraciones para devolver al túnel las condiciones de seguridad necesarias o, en el caso de que el consistorio pueda secuestrar la concesión, ejecutarlas con recursos públicos. En este segundo escenario, el Gobierno de Ahora Madrid avanzó ayer su intención de imputará a Dragados el coste de las reparaciones. La negativa de la concesionaria también está siendo estudiada por el Ejecutivo por si pudiera acarrear algún tipo de sanción.
Desde el PP afirmaron que Ahora Madrid busca con esta decisión disimular su mala gestión; el PSOE pidió la resolución del contrato con la concesionaria y Ciudadanos criticó la improvisación del consistorio.
