El Gobierno que preside Juan Vicente Herrera iniciará esta semana los pagos de las ayudas al alquiler de viviendas a los 9.144 beneficiarios de Castilla y León que han justificado el abono de las rentas de sus inmuebles.
Así lo anunció el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras suscribir un convenio de colaboración con el alcalde de la localidad vallisoletana de Laguna de Duero, Román Rodríguez.
Además, aprovechó el acto para avanzar que la Junta pondrá en marcha el proceso para repescar a los 2.235 solicitantes que no pudieron acceder a estas subvenciones, pese a cumplir los requisitos, por agotarse el presupuesto previsto de 14,7 millones.
Suárez-Quiñones indicó que de esta forma el Ejecutivo autonómico cumple el compromiso asumido en la Mesa del Diálogo Social sobre esta materia, de forma que ningún solicitante que resultara beneficiario y haya podido justificar los requisitos se quede sin la ayuda.
Para ello explicó que dirigentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente comenzarán a «llamar», mediante unas cartas, a los beneficiarios que no entraron dentro de los seleccionados inicialmente para que puedan recibir la subvención, que recalcó es «importante», porque financia parte de la renta de alquiler. También, el consejero hizo hincapié en el análisis por parte de los profesionales de la documentación presentada ya que, subrayó, que se trata de dinero público que debe ser gestionado con «rigor».
Asimismo, destacó que estas ayudas, que se convocaron a principios de mayo del pasado año, pretenden facilitar el acceso a la vivienda de personas con dificultades para hacer frente al pago de la renta.
Para ello, Juan Carlos Suárez-Quiñones resaltó que esta línea eliminó la exigencia de ingresos mínimos, elevó el porcentaje de financiación del alquiler y flexibilizó algunos otros criterios para atender las necesidades «reales» de los ciudadanos.
Mayor presupuesto
El presupuesto dedicado en esta convocatoria alcanzó los 14,7 millones de euros, una cantidad superior a los 11,3 de 2016; los cinco de 2015 y los 2,9 de 2014. De esta forma, la ayuda media se sitúa en 1.404 euros, unos 117 al mes. Junto a la cláusula de rescate, se mantiene una ayuda máxima del 40 por ciento de la renta, o 2.280 euros al año.
También, los beneficiarios deben tener unos ingresos inferiores a 2,5 veces el Iprem, y no se exige un límite mínimo.
Finalmente, la renta pagada por los solicitantes no puede superar un máximo que depende del municipio y va desde los 350 euros para el medio rural a los 475 euros en Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid.
