La Moncloa ha empezado a ponerse la venda antes de la herida y ayer lanzó un mensaje de advertencia a sus supuestos socios presupuestarios, sobre todo Ciudadanos y el PNV: el bloqueo en la negociación de las cuentas públicas no se traducirá en ningún caso en un adelanto de las elecciones. De hecho, los Presupuestos de 2017, que están prorrogados desde el pasado 1 de enero ante la imposibilidad que ha tenido el Gobierno para pactar los de 2018, podrían seguir vigentes incluso en 2019, si el acuerdo continúa sin producirse. «Es perfectamente legal y posible», avisaron fuentes próximas al presidente Rajoy.
El Gobierno ha dicho basta ante los ataques que está recibiendo a diario de su socio «preferente», como se ha referido Rajoy en más de una ocasión a Ciudadanos. La subida de este partido en las encuestas y la caída del PP ha hecho que La Moncloa pase al contraataque. Si Ciudadanos y el PNV no quieren que España tenga unos nuevos Presupuestos, que deberían servir para reforzar la recuperación y el crecimiento económico, no podrá haberlos, porque el PP no cuenta con la mayoría necesaria para aprobarlos. Pero que se olviden de forzar un adelanto de las elecciones generales.
«No conocen lo suficiente a Mariano. Controla los tiempos como nadie», comentó ayer un diputado del PP en los pasillos del Congreso. La intención del presidente es agotar la legislatura, hasta que toque volver a las urnas, en el verano de 2020. Y será muy difícil que Ciudadanos le imponga su voluntad en otro sentido, a no ser que se una con el PSOE, Podemos y los independentistas para lograrlo.
A día de hoy, el Gobierno ve dos obstáculos para la aprobación de los Presupuestos: el rechazo frontal del PNV a entrar en una negociación mientras estén vigentes las medidas excepcionales del artículo 155 en Cataluña, y la «oposición» que está ejerciendo Ciudadanos para intentar un desgaste de Rajoy en todos los frentes. Si la crisis catalana persiste, el Gobierno tendrá muy difícil convencer al PNV para alcanzar un acuerdo. Y como los cinco votos de los nacionalistas vascos son imprescindibles, Ciudadanos tampoco parece dispuesto a aparecer al lado del Gobierno si este no va a conseguir ningún acuerdo.
Pero en La Moncloa se conserva un hilo de optimismo. El objetivo del Gobierno sigue siendo aprobar durante este año dos Presupuestos, los de 2018, que siguen pendientes de la negociación final, y los de 2019, que deberían estar en el Congreso en otoño. «Todavía estamos a tiempo. El pacto presupuestario es posible y es lo mejor para los españoles», advirtió Rajoy en el Foro ABC hace solo una semana. Pero, al mismo tiempo, el presidente fue el primero en abrir la puerta al mantenimiento de la prórroga de las cuentas de 2017, con las que, recordó, España creció un 3,1 por ciento el año pasado.
Desde La Moncloa ayer se insistió en esa idea, al apuntar con claridad a una segunda prórroga presupuestaria, algo que no está prohibido por ninguna ley, aunque no sea «lo deseable». Esa es la alternativa a la ausencia de acuerdo, y no una vuelta a las urnas. Pero el Gobierno, además, quiere empezar a apuntar ya las «responsabilidades» de los partidos que frenan el crecimiento de España, al negarse a sacar adelante el proyecto de ley más importante del año.
«La prioridad absoluta es aprobar los Presupuestos, pero no estamos ciegos ni queremos engañar a nadie», advirtieron fuentes de La Moncloa.
Hay un examen que el Gobierno tiene que aprobar sí o sí. Ahí no caben prórrogas posibles, y Europa lo evalúa con lupa y exigencia. Se trata del techo de gasto, paso previo y obligado a los Presupuestos. El techo de gasto debe aprobarse antes del 30 de junio, según la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Gobierno aprobó el de 2017 con el apoyo del PSOE, y el de 2018 lo sacó adelante en el Congreso a principios de julio del año pasado, con los votos del PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias, y la abstención de Nueva Canarias.
A finales de junio de este año tendrá que presentar un nuevo techo de gasto, el de 2019, imprescindible no solo como base de los Presupuestos siguientes, sino también para las cuentas de las Comunidades Autónomas. La Unión Europea exige que los techos de gasto se aprueben y le sean comunicados, con el objetivo fijado de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, junto a un informe sobre las previsiones económicas.
Si se aprueba el techo de gasto, «lo más difícil está conseguido», según fuentes del Gobierno. En ese caso tendría vía libre para poder prorrogar de nuevo los Presupuestos, si fuera imprescindible. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que se puede funcionar mediante decretos-ley.
En este sentido, si llega el mes de abril y no hay perspectiva de aprobar el Presupuesto de 2018, el Gobierno comenzará a llevar decretos ley al Congreso para poder sacar adelante la subida salarial de los funcionarios, la equiparación salarial de policías y guardias civiles, la oferta pública de empleo o las entregas a cuenta para las Comunidades Autónomas. Montoro explicó que está en marcha una negociación con los sindicatos sobre las condiciones de los trabajadores públicos, y confía en poder tener un acuerdo para someterlo a votación en el Parlamento.
Al llevar los Presupuestos de 2018 de forma fraccionada al Pleno, mediante decretos-ley, el Gobierno de Rajoy también quiere poner en evidencia la contradicción de los partidos que rechazan aprobar de forma conjunta las cuentas públicas, pero no podrán negarse a aprobar estos asuntos puntuales.
Desde Ciudadanos se criticó inmediatamente al Gobierno por la «tentación» que tiene de prorrogar los Presupuestos. El partido de Rivera cree que es una forma de no cumplir su acuerdo firmado, que incluye una bajada del IRPF.
