El proceso que llevó al gobierno de Xulio Ferreiro a comprarle dos pisos a un afín vivió ayer un nuevo episodio. Populares y socialistas tuvieron acceso al expediente que acredita una de las operaciones, y allí vieron confirmadas algunas de sus sospechas: el Ayuntamiento, en su afán por adquirir inmuebles para destinar a vivienda social, pagó 54.575 euros por un ático que en realidad figura en los registros como local comercial.
Los antecedentes de la polémica se remontan a finales del pasado mes de enero. Entonces, el ejecutivo de la Marea Atlántica hizo público a través del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que había comprado por
382.927 euros un paquete de seis pisos orientados a engrosar el parque de vivienda pública
. Dos de ellos pertenecían a la misma persona: un firmante del manifiesto fundacional del partido, y que en la actualidad trabaja en Barcelona como asesor de consumo para el gobierno de Ada Colau.
En total, el consistorio abonó a este activista 145.865 euros por las dos propiedades. La primera, situada en la calle Santander 23, 3º, se valoró en 91.290 euros. Y la segunda, un ático sin ascensor ubicado en la Joaquín Martín Martíenez, 10, 4ºA, mereció un desembolso de 54.575 euros. Sobre este último, la oposición deposita buena parte de sus recelos. Después de que se comprobara que tanto el Registro Mercantil y el Catastro lo habían catalogado como «oficina» o «local comercial», el grupo municipal del PP exigió al gobierno la semana pasada que le facilitara el expediente de compra.
Ayer llegó ese momento. La portavoz, Rosa Gallego, en compañía del concejal y parlamentario autonómico Martín Fernández Prado, certificaron que la compra del ático se había alejado de las bases del concurso, en las que se citaba expresamente la adquisición de «edificios y viviendas». En ningún caso se mencionaban inmuebles de otras categorías.
Desde el PP, aseguran que los documentos —firmados por los técnicos municipales— certifican dos hechos considerados de gravedad. Por un lado, y con independencia de que el comprador sea una persona afín a la Marea, denuncian que la adquisición es jurídicamente «nula», puesto que viola los requisitos del proceso y «limita la concurrencia competitiva»:si las bases hubiesen permitido la venta de locales, habrían participado más personas, alegan. Pero por otro, los populares critican que al Ayuntamiento se haya presentado como un piso social lo que realmente es una «vivienda ilegal», puesto que ni tiene licencia, ni cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad. Habrá que hacer reformas, dicen, empezando por la instalación del ascensor. Y todo ello volverá a correr a cargo de los impuestos de los coruñeses.
«Es un despropósito», condenan desde el grupo del PP. A lo largo de la semana el partido insistirá en la denuncia política, a la espera de estudiar si el concurso puede ser anulado por la vía administrativa o es necesario llevar asunto ante el Contencioso-Administrativo.
La postura del gobierno local ya fue expresada por el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, en el último pleno. En una de sus intervenciones, Varela defendió que la compra de los pisos se hizo de forma «correcta y justificada», a través de una comisión exclusivamente técnica compuesta por funcionarios de carrera. Entre ellos, la jefa de servicio del departamento y una letrada de la asesoría municipal. «Fue esa comisión la que estimó que las bases permitían la adquisición de los inmuebles seleccionados», continuó Varela, quien cargó contra el PP por intentar, «incluso con mentiras, que este gobierno actué del mismo modo que el partido de la corrupción».
A comisión
Y mientras los populares evalúan todos los posibles escenarios, el PSdeG reclama abordar la polémica en la comisión de urbanismo. Instantes antes de que lo hiciera el PP, los socialistas acudieron a una lectura «informal» del expediente, donde concluyeron que «de nada vale la interpretación de una montaña de documentos», si después el asunto no se examina con mayor detenimiento y con la presencia de los técnicos. Así lo cree al menos su portavoz, José Manuel García, quien en conversación con ABC expone sus dudas sobre las circunstancias que rodearon al concurso:«No nos gustan, genera desconfianza en los ciudadanos».
«Con el proyecto [de compra de viviendas para destinar a usos sociales] ya fuimos críticos», reivindica García, «la ciudad tiene que impulsar la rehabilitación y apoyar los planes de la Xunta». Mas aún, añade, a sabiendas de que el Ayuntamiento ya gestiona un parque de 403 casas de titularidad pública. «Son muchísimas, y la compra de pisos no es el mejor destino para los impuestos».
Sobre la posibilidad de reclamar la nulidad de las compras, el portavoz del PSdeG en la ciudad previene de que «hay procesos que se anulan por sí mismos». «Todo parece indicar que [las compras] son parciales», censura García, poniendo énfasis en que quien incurre en el error es un partido, la Marea, que se presenta como el portador de «la bandera de la transparencia».
