El 17 de enero se constituyó formalmente el Parlament para una nueva legislatura, la duodécima, que ha empezado de manera menos convulsa que la anterior pero con parecida incertidumbre. Se han constituido la Mesa y la Junta de Portavoces pero sigue todo parado a la espera de que el frente independentista aclare a quién y cómo acabará invistiendo como presidente de la Generalitat.
La oposición insiste en que esta parálisis no es de recibo y el PSC ha decidido evidenciarla planteando hasta 165 propuestas, consciente de que muchas de ellas no tienen recorrido aún porque no hay Govern para que pueda responderlas.
La portavoz del grupo PSC-Units per Avançar, Eva Granados, niega que pueda responsabilizarse también a su partido de la actual parálisis por haber apoyado la aplicación del artículo 155 que comportó la intervención de la Generalitat por parte del Ejecutivo central. "El 155 fue la respuesta a un Govern que aprobó una declaración unilateral de independencia. Si ahora no tenemos gobierno es porque el presidente del Parlament no ha propuesto un candidato a la presidencia de la Generalitat que permita una investidura viable", afirma.
La número dos del PSC concluye que la culpa del actual bloqueo es de una mayoría parlamentaria que no inviste a un presidente. "En el mundo siguen pasando cosas y aquí seguimos con esta parálisis", resume Granados.
El listado de iniciativas impulsadas por los socialistas incluye una proposición de ley, 129 preguntas al Govern, 33 solicitudes de información y documentación y dos preguntas dirigidas al presidente de la Corporació Catalana de Mijans Audiovisulas (CCMA), el ente de los medios de comunicación públicos catalanes, para que las responda por escrito.
La mayoría de las propuestas corresponden al ámbito de las políticas sociales. Así, la proposición de ley reclama frenar el desperdicio de alimentos, se pregunta al Govern por la implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) o sobre la situación de tutela de menores extranjeros que están solos o sobre las listas de espera en la sanidad, entre otras cuestiones.
Los socialistas también quieren saber qué desarrollo ha tenido el plan de fosas, que incluía medio centenar de actuaciones, y que ha estado en el punto de mira precisamente por la aplicación del polémico 155.
Otro de los debates abiertos, la viabilidad económica de TV-3, ahora en peligro por los 167 millones de euros que el ministerio de Hacienda le reclama en concepto de IVA, es también motivo de una pregunta del grupo socialista.
La última reunión de portavoces del Parlament acordó que, a la espera de que la Cámara comence a funcionar a un ritmo normal, se impulsarán hasta seis comisiones, entre ellas la que controla los medios que dependen de la Generalitat. El resto son la de las sindicaturas de Greuges y Comptes, la del estatuto del diputado y la de materias secretas y reservadas.
