El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) manda un aviso a navegantes: cuenta con un arma que no dudará en emplear en el futuro contra los «enchufes». Se trata de una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Sevilla que ha anulado un nombramiento. Los hechos se remontan a febrero de 2016 cuando por una resolución de la Viceconsejería de Igualdad y Política Sociales se nombró a un profesor jefe de servicio de Valoración de la Dependencia en Córdoba por la vía de la libre designación, esto es, «a dedo». Los servicios jurídicos del SAF la recurrieron al entender que el seleccionado no reunía los requisitos exigidos para desembarcar en la mencionada jefatura, ya que jamás había ocupado puesto alguno en el ámbito de la vacante a cubrir ni en la de Administración pública. Algunos pasos intermedios después llegaron al mencionado fallo en el que la jueza María Fernanda Mirman se alinea con el SAF. Es más deja establecido en su sentencia que el designado jefe de servicio tenía «nula experiencia en el área funcional de Asuntos Sociales y, mucho menos», en labores de «valoración de la dependencia».
Por el contrario, la magistrada anota que de la hoja de acreditación de datos del elegido, que fue solicitada por el sindicato demandante y aportada a la causa, se desprende que «el mismo» era «desde 1992 funcionario de carrera del cuerpo de profesores de educación Secundaria» hasta que tomó posesión de la plaza de la polvareda, tiempo en el que además resultó ser «liberado sindical desde el año 1994 a 31 de agosto de 2015», es decir, unos veinte años y medio. Y ahí no acaban las reseñas de su currículum.
La jueza expone que, aunque el señalado alegó haber llevado a cabo «trabajos como médico para la Administración durante 1993 (siendo funcionario de carrera con destino definitivo desde el 1 de octubre de 1992 y liberado sindical)», en su hoja de acreditación de datos, en poder también del órgano judicial, sólo constaban «tres días de experiencia como médico: del 27 al 29 de diciembre de 1988». «En definitiva –resume la magistrada–, la gran experiencia laboral del seleccionado es como delegado sindical de FETE –Federación de Trabajadores de la Enseñanza- UGT en el ámbito de la educación, pero ninguna en el área funcional de Asuntos Sociales».
Pese a esa circunstancia, en el expediente del nombramiento consta un informe de idoneidad del seleccionado que formuló la delegada territorial de Igualdad, Salud y Política Sociales del Gobierno andaluz en Córdoba, así como un segundo documento de la directora general de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta, según el cual «los méritos alegados» por el trabajador eran «homologables a los exigidos a los funcionarios de la Administración General» del Ejecutivo regional «para la ocupación del puesto del trabajo» en cuestión, a la luz de lo reflejado en la sentencia. Desde el SAF advierten de que llevarán a los tribunales «todos los casos de puestos de libre designación (PLD) similares» de los que tengan constancia. Ya han colocado la lupa en uno vinculado a la Consejería de Agricultura.
