La Junta va a contar muy probablemente con un acuerdo de los grupos de la Cámara sobre el modelo de financiación y eso que no existe ni mucho menos una postura común, tal y como se ha podido comprobar en las distintas propuestas presentadas el pasado lunes. Mientras que Podemos e IU apuestan por gravar las rentas más altas, PSOE, PP y Ciudadanos rechazan más impuestos. Y frente a la mayor corresponsabilidad fiscal que defienden los socialistas –esto es, más autonomía en la cesta tributaria propia–, los populares abogan por el mantenimiento del actual reparto: 50 por ciento de IVA e IRPF y el 58 por ciento de impuestos especiales. Esta última fórmula es por cierto la que ideó José Antonio Griñán siendo consejero de Economía y Hacienda y que remitió al entonces ministro Pedro Solbes.
Pese a las diferencias habrá acuerdo porque en las calendas preelectorales que corren ningún grupo está dispuesto a exponerse a la lapidación mediática del discrepante que persigue el Partido Socialista. El presidente del PP-A, Juanma Moreno, dejó clara su estrategia al señalar que su partido no va a caer en la «trampa» de Susana Díaz para «aislar» a su formación en el pacto de la financiación y que los presenten como «los malos de la película». Se reproduce el mismo escenario que en el debate de la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007. El Partido Popular ni estaba de acuerdo en abrir el melón de las reformas estatutarias –el tiempo le ha dado la razón– ni las asumió con entusiasmo. Tampoco, por cierto, se mostraron muy entusiasmados los andaluces si nos ceñimos al pírrico 36 por ciento que acudió a las urnas. En cualquier caso, el PP no podía exponerse a que el PSOE le recordara hasta el día del juicio final la versión actualizada del «andaluz, éste no es tu referéndum» de la UCD en el 81. Así que ahora como entonces parece que el único consenso en cuanto a la financiación es el de tragarse el sapo y votar con una pinza en la nariz. La propuesta que salga del Parlamento de Andalucía no tendrá además ningún tipo de poder vinculante porque este asunto donde tiene que ventilarse es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que están representadas todas las comunidades de régimen común. Allí quien tiene que batirse el cobre es la consejera de Hacienda que tratará, como ocurre en otros asuntos, de practicar esa «realpolitik» autonómica que consiste alinearse con el resto de regiones discrepantes con el Gobierno para armar un frente común. El sudoku de la financiación, por seguir citando la terminología de Solbes, no se resolverá en un horizonte inmediato. La fórmula mágica que quieren buscar los partidos políticos de aumentar las transferencias sin romper el «statu quo» y sin subir impuestos no existe. Lo dijo bien el director de Fedea, Ángel de la Fuente, cuando compareció en el Parlamento andaluz: el sistema de financiación «no es una carta a los reyes magos».
