La Sindica adjunta del Grupo Popular, María José Catalá, señaló ayer que la vicepresidenta del Consell y responsable de políticas de Igualdad, Mónica Oltra, «debe asumir responsabilidades políticas tras el informe de la Fiscalía por la situación del centro de menores de Buñol».
Català indicó que «ahora conocemos el estado real del centro de menores según el informe de la Fiscalía. Desde hace meses venimos alertando de esta extrema situación en el centro de menores de Buñol y la ausencia de explicaciones por parte de la vicepresidenta Oltra que sigue sin solucionar las graves carencias materiales pese a las reiteradas advertencias de la Fiscalía».
La portavoz adjunta recordó que nada más iniciarse el actual periodo de sesiones en Les Corts ya solicitó la comparecencia de Oltra por este asunto, «por lo que esperamos que esté a la altura de las circunstancias y comparezca cuanto antes».
Catalá señaló que «el centro de menores presenta numerosas carencias y ha registrado incidentes graves con reyertas, agresiones, amenazas a educadores, falta de seguridad, consumo de drogas y graves deficiencias. Mientras, pese a las advertencias de la Fiscalía, no sabemos a qué se dedica la vicepresidenta Oltra ni cuál es su plan. Desconocemos las medidas que ha adoptado para solucionarlo y solo escuchamos excusas y negativas de la realidad por su parte. Oltra no puede hacer como el avestruz con los centros de menores, esconder la cabeza y echar las culpas al resto del mundo. Cuando la vicepresidenta viene a Les Corts a comparecer, solo se dedica a lanzar acusaciones sobre el pasado pero no plantea soluciones reales».
La síndica también explicó que «la Fiscalía plantea situaciones graves y Oltra tiene que asumir sus responsabilidades políticas porque alguien no está haciendo bien su trabajo en los centros de menores y eso tiene sus consecuencias».
Recordó que Oltra «sabía perfectamente en qué estado estaba el centro de Buñol cuando decidió el traslado de los menores al centro». Asimismo, Català incidió en la existencia de un informe del Síndic de Greuges previo al de la Fiscalía en el que ya se alertaba de la situación del centro.
La portavoz popular dijo que «en los presupuestos de 2017, a fecha 30 de noviembre, Oltra había ejecutado poco más del 26 por ciento de las inversiones previstas en el presupuesto para infancia y adolescencia» y que en el año 2016 las inversiones ejecutadas fueron del 0 por ciento. «Hay además 13 contratos relacionados con tema de menores bloqueados sin resolver por importe de más de 82 millones de euros, entre ellos un contrato de 602 plazas de atención residencial en centros de acogida para niños y adolescentes del sistema de protección de la Comunitat bajo guarda de la Generalitat».
