En 1827, el botánico y médico escocés Robert Brown observó al microscopio que unas partículas de polen bailaban aleatoriamente en una lámina de agua estancada. Aquello se llamó el «movimiento browniano», pero Brown no supo aclarar su razón. El misterio se desentrañó en 1905, en un artículo en la revista científica «Annalen der Physik». La pieza se titulaba «Sobre el movimiento de pequeñas partículas suspendidas en un líquido estacionario tal y como requiere la teoría cinética molecular del calor». Firmaba un tal Albert Einstein.
Los ciudadanos del común somos incapaces de seguir la argumentación de las elegantes ecuaciones de Einstein. Pero por fortuna muchas cuestiones de la economía, el derecho, la ciencia y la vida cotidiana son sencillas de entender. Por ejemplo: un individuo que sin padecer una enfermedad mental asesina con una sierra mecánica a sus dos hijas de cuatro y nueve años no debe salir de la cárcel en su vida, aunque haga tres carreras por la UNED y sea el más ejemplar y colaborador de los reclusos. Y eso es lo que pretende el Gobierno de España al promover la prisión permanente revisable, que ya rige en otros grandes países de la UE y a la que ha dado su visto bueno el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La medida goza además del respaldo de la mayoría de los españoles. Personalmente me asquea la pena de muerte, el hombre jugando a Dios y privando a otro de su existencia. Pero también me resulta inadmisible que un asesino brutal, un terrorista o un violador en serie puedan empezar a disfrutar de permisos, o de la propia libertad, en diez, quince o veinte años.
El PSOE, contra el sentir de los españoles, se opone a la prisión permanente por prurito de progresismo. Pero como tantas veces no logra argumentar su posición. ¿Solución? Un latiguillo: «No se puede legislar en caliente. No se puede legislar utilizando a los muertos». Esa muletilla es una sandez, pues contradice de plano la historia de la política y el derecho, que una y otra vez han avanzado sobre casos en caliente (de hecho parte de la Constitución no escrita británica se levanta sobre la jurisprudencia que emana de litigios concretos).
El caso Dreyfus, el acoso antisemita contra el capitán de origen judío-alsaciano al que se condenó injustamente por traición en 1894, cambió Francia y mudó la faz de la Tercera República. La Carta Magna inglesa de 1212, documento que anticipó los futuros derechos humanos y sembró la semilla de lo que sería la democracia, nace de un caso «puntual y caliente»: la pelea de los nobles ingleses y el abusivo monarca Juan Sin Tierra, al que doblaron la mano en Runnymede, obligándolo a firmar a orillas del Támesis un pergamino que establecía que «nadie está por encima de la ley… ni siquiera el Rey». El asesinato en un suburbio de Londres del inmigrante negro de 18 años Stephen Lawrence, en abril de 1993, conmocionó a la sociedad, destapó el racismo de la policía y obligó al Gobierno de Blair a legislar para erradicarlo.
La legislación de los países avanza muchas veces impulsada por hechos concretos, claro que sí. Ay, Sánchez, mente de vapor y carne de cliché.
