El Impuesto de Sucesiones, aquel que grava la riqueza que se transmite a los herederos, y el de Patrimonio, que establece tipos impositivos sobre la riqueza que se posee, aparecían específicamente en el programa electoral de la mayoría de los partidos políticos en las últimas elecciones generales (junio de 2016). Aunque no de todos. En concreto, el PP no mencionaba ninguna iniciativa concreta sobre estos tributos. Pero a tenor de sus acciones en lugares como la Comunidad de Madrid, el PP es partidario de una alta bonificación del impuesto de Sucesiones (los grupos I y II, descendientes y cónyuges, prácticamente no pagan), y de Patrimonio, que solo pagan quienes poseen más de dos millones de euros. Tampoco aparece en programas de formaciones como el PNV o los catalanes de CDC.
En cuanto al resto de los partidos políticos, entre los más importantes, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos abogaban por armonizar los tipos mínimos de Sucesiones para evitar las grandes disparidades que se dan ahora entre comunidades autónomas, que son las que controlan este impuesto. En 2014, últimos datos disponibles, se recaudaron unos 2.200 millones en todo el territorio.
Los socialistas, según su programa electoral, creen que debe establecerse un mínimo común en todo el territorio nacional tanto en el Impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio para evitar, en la práctica, su vaciamiento. Eso no ha impedido que en Andalucía el PSOE se haya plegado a las exigencias de Ciudadanos para aprobar una rebaja de Sucesiones hasta su práctica desaparición.
En la literalidad de su programa electoral, los socialistas abogaban por establecer "un sistema tributario progresivo en el que aporte proporcionalmente más, quien más riqueza tiene y no solo quien más renta gane". Recalcaban que "la actual descoordinación entre el IRPF, Sucesiones, y el Impuesto de Patrimonio impide gravar adecuadamente la riqueza, dando lugar a una doble no tributación que permite que determinadas grandes fortunas y patrimonios no contribuyan de forma adecuada al sostenimiento de los gastos públicos".
Por ello, proponían la creación de una comisión de expertos para estudiar "cómo mejorar la incorporación de la riqueza al sistema general de tributación".
La formación que lidera Pablo Iglesias propone propone "recuperar el gravamen efectivo" sobre los impuestos de patrimonio y de sucesiones y donaciones, que recaerá, afirman, "en grupos con alto nivel de renta". Su idea es establecer una tributación mínima no bonificable y armonizar "con las comunidades autónomas" las normas que regulan ambos tributos y aplicarlas en todo el Estado "por motivos de equidad y de lucha contra el fraude".
En el caso concreto de Patrimonio, sugieren disminuir el mínimo exento a 400.000 euros netos, frente a los 700.000 euros aplicables de manera general, y revisar las deducciones y bonificaciones existentes. Especifican que la primera vivienda seguirá estando exenta en el cálculo del impuesto hasta un valor de 300.000 euros.
En lo que se refiere a Sucesiones y Donaciones, pretenden favorecer, de forma coordinada con todas las comunidades autónomas, "la derogación de las bonificaciones, que en la práctica han eliminado o reducido sustancialmente para grupos con un alto nivel de renta". También abogan por revisar la cuantía del patrimonio previo de los herederos utilizada para fijar la tarifa del impuesto "con el objetivo de asegurar que las situaciones de pobreza no sean determinantes en las renuncias no deseadas a la herencia".
En el caso de Ciudadanos, su programa para junio de 2016 asegura que la clase media y trabajadora no pagará Impuesto de Sucesiones, solo tributarán las herencias millonarias y se fijarán los mismos mínimos y máximos para toda España. Según su criterio, deben quedar exentos del pago la vivienda habitual, la empresa familiar y hasta 1 millón de euros heredado por cada hijo. "Llevaremos a cabo una armonización fiscal donde se tributará lo mismo con independencia de la comunidad autónoma", prometen.
En el caso del Impuesto de Patrimonio, afirman que pasará a ser de normativa y gestión estatal. "Tendrá una función fundamentalmente censal y se declararán también los bienes en el extranjero, eliminándose la declaración de bienes en el exterior, para no exigir información duplicada". En esta nueva declaración se incluirán el oro, las joyas, los yates y las obras de arte que, "sorprendentemente, están excluidos de la Declaración de bienes en el Extranjero", señalan.
A su juicio, "resulta necesario que la Agencia Tributaria centralice la información censal y patrimonial de este impuesto para mejorar la gestión tributaria y la comparta con las comunidades autónomas, evitando exigir la misma información varias veces a los ciudadanos.
