Vuelta al escenario vivido en el pleno de los días 6 y 7 de septiembre. Junts per Catalunya (JpC) mantiene el pulso y, aunque pareciera en los últimos días que tiraban la toalla, todo indica que sus máximos responsables irán hasta las últimas consecuencias para investir presidente de la Generalitat de Cataluña a Carles Puigdemont, fugado de la Justicia e investigado por cinco delitos, entre ellos los de rebelión y sedición.
Ayer, viernes, minutos antes del cierre del Registro parlamentario, JpC presentó en el Parlamento de Cataluña -en solitario, sin el apoyo ni de ERC ni de la CUP- una proposición para modificar la Ley 13/2008, del 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Govern, que regula la elección, el estatuto personal y las atribuciones del presidente autonómico y de su gobierno. En definitiva, la intención de JpC es cambiar la norma que impide que Puigdemont sea investido a distancia y pueda ejercer la presidencia desde fuera de España.
El texto de la propuesta es directo y sin rodeos: añadir dos párrafos en otros tantos artículos, el 4.2 y el 35, para que «en caso de ausencia, enfermedad o impedimento del candidato o candidata en el momento de presentar el programa de gobierno y solicitar la confianza del pleno del Parlamento, este podrá autorizar, por mayoría absoluta, la celebración del debate de investidura sin la presencia o sin la intervención del candidato o candidata» y para que el gobierno autonómico pueda «adoptar acuerdos y tramitar actas tanto de forma presencial como a distancia».
La propuesta de JpC, firmada por su portavoz, Elsa Artadi, además, se presenta para que «se tramite por el procedimiento de lectura única», un sistema recogido en el Reglamento del Parlament, que acorta los plazos y evita que el texto a aprobar tenga que pasar por la correspondiente comisión parlamentaria.
De hecho, todavía no se ha creado ni una sola comisión -está previsto poner en marcha seis no legislativas en breve-, ya que se crean, generalmente, a imagen y semejanza de la estructura del gobierno y, por lo tanto, solo después de que se invista al presidente y este nombre a sus consejeros.
Con este movimiento, JpC aumenta la presión sobre ERC, que a través de Roger Torrent, presidente del Parlament, desbarató el 30 de enero la posibilidad de investir a Puigdemont saltándose las normas y la advertencia del Tribunal Constitucional (TC).
En este sentido, ERC se desmarcó de la propuesta de modificación legislativa de JpC a los pocos minutos de conocer su detalle. En una nota enviada a los periodistas la formación que lidera Oriol Junqueras, en prisión preventiva en Estremera (Madrid), recordó que sus representantes siguen negociando con JpC y la CUP para conseguir «un acuerdo global de legislatura», que incluya «el plan de gobierno» (para saber qué hará el nuevo ejecutivo) y «un calendario» de la puesta en marcha del nuevo gobierno catalán, «que permita que Soraya Sáenz de Santamaría deje de ser la presidenta ilegítima de la Generalitat».
Así, ERC sigue resistiéndose a cerrar un acuerdo con JpC en el que estos siguen poniendo líneas rojas como investir a Puigdemont, a cualquier precio, y desprestigiar la institución de la Generalitat creando una asamblea y un gobierno paraoficiales paralelos.
En este sentido, desde ERC se remarcó que «a día de hoy no está finalizado ni cerrado» ningún acuerdo con «las fuerzas independentistas», y que, eso sí, esperan llegar a buen puerto firmando un pacto «satisfactorio para todas las partes».
La jugada de JpC y la respuesta inmediata de ERC evidenció, una vez más, que las posturas de ambas formaciones no auguran poder cerrar un acuerdo en breve, pese a que durante la semana desde la lista de Puigdemont se filtró en varias ocasiones que el acuerdo era inminente. La tensión entre ambos grupos es tal que hace solo 48 horas el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ya desestimó la propuesta de reforma legislativa de JpC -cuando solo se conocía la intención política, pero no el detalle- por considerarla «inasumible». Y JpC registró la propuesta, ayer, en el Parlament mientras representantes de ambas formaciones mantenían reuniones en la Cámara catalana.
La iniciativa de JpC dejó fuera del foco mediático el informe de los letrados parlamentarios -firmado solo por el secretario general, Xavier Muro-, conocido por la mañana, y que a petición de la Mesa, marca la línea que debe seguir Torrent, en los plazos y el calendario del Parlament, una vez este aplazó el debate y la votación de investidura de Puigdemont, el pasado 30 de enero.
En síntesis, los letrados concluyen que «se puede considerar suspendido el plazo de diez días» para la primera votación de investidura y que, por lo tanto, tampoco está corriendo el tiempo de los dos meses -tras la segunda votación de investidura a las 48 horas de la primera, si esta fracasa-, límite legal para la convocatoria automática de elecciones autonómicas si no hay investidura.
Pese a este argumento, en beneficio de JpC, sobre todo, los letrados sí advierten a Torrent que el Parlament no puede estar bloqueado sine die y consideran que el tiempo empezará a correr cuando el TC acuerde si admite o no el recurso presentado por el Gobierno de España a la investidura de Puigdemont. Y que, en caso de que esta decisión se alargue, Torrent debería comunicar al pleno la situación de bloqueo, dando así por iniciados los dos meses con lo que se conoce como «acto equivalente» de la primera votación.
Con el informe de los letrados en una mano y con la propuesta de cambio legislativo de JpC en la otra -que siendo por lectura única podría estar aprobada en una semana, si bien ahora no tienen límite de plazos-, la jugada de Puigdemont devuelve la presión parlamentaria a ERC y obliga al Gobierno a reaccionar.
