Nuevo movimiento judicial de los dirigentes independentistas. La expresidenta del Parlament y actual diputada de ERC, Carme Forcadell, y la exsecretaria primera de la Mesa, Anna Simó, han presentado este lunes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la causa abierta contra ellas en el Tribunal Supremo por el que piden que devuelva la causa al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
A juicio de la defensa de las dos políticas, la investigación por parte del juez del Supremo Pablo Llarena vulnera el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley. Alegan Forcadell y Simó que debería ser un magistrado del TSJC quien llevara las pesquisas, pues ambas son aforadas ante este tribunal por su condición de diputadas.
La defensa ya muestra además, al igual que otros abogados de la cúpula independentista, la intención de llevar el caso a la Justicia europea. En el recurso, al que ha tenido acceso eldiario.es, Forcadell y Simó avisan que la vulneración del derecho constitucional a un juez predeterminado por la ley supone una vulneración derecho al juicio justo que garantiza el Convenio Europeo de Derechos Humanas.
Forcadell y Simó, junto al resto de miembros soberanistas de la Mesa del Parlament, forman parte de los 28 imputados –investigados, según la nueva denominación– que mantiene el Tribunal Supremo en la causa por rebelión, sedición y malversación.
Su defensa, que ejerce la letrada Olga Arderiu, defiende que el Estatut establece que, en las causas contra los diputados del Parlament, el tribunal competente es el TSJC, y que el Supremo solo lo sería en el caso que la causa tuviera una derivada fuera del territorio de Catalunya que, a su juicio, en ningún caso tiene. Así, concluye que los tipos penales imputados contra sus dos clientas "suceden en su totalidad en Catalunya, sin que ninguno de ellos haya tenido lugar en otro país o en el resto del Estado español".
El escrito sostiene que, de haberse cometido los delitos de sedición y rebelión, se habrían producido desde el Parlament que está en Barcelona, y de haberse producido el de malversación, hubiera sido contra "el patrimonio de la Generalitat que se encuentra situada en Catalunya".
