La inspección fiscal, una especie de Asuntos Internos del Ministerio Público, tiene desde la semana pasada el expediente de más de 200 folios que llevó al fiscal de urbanismo de Barcelona Antoni Pelegrín a pedir que Anticorrupción investigase por prevaricación continuada al líder del PP, Xavier García Albiol, por las ayudas millonarias que el Ayuntamiento de Badalona entregó al Joventut a través de una fundación durante su época de alcalde entre 2011 y 2015.
El fiscal trata de evitar el cierre en falso de una investigación en la que –tras emplear muchos meses y "numerosísimas diligencias"– ha visto indicios de responsabilidad penal en la gestión de Albiol como presidente de la entidad Badalona, capital Europea del Basquèt, el instrumento que según Pelegrín se utilizó para camuflar las subvenciones públicas de más de medio millón de euros cada año al equipo de baloncesto de la ciudad y sortear la legislación europea.
El caso está ahora oficialmente cerrado por decisión de la exjefa de la Fiscalía de Barcelona Ana María Magaldi, quien aún asumiendo la falta de fiscalización del dinero público que hizo el Ayuntamiento de Badalona, defendió que el asunto no tiene relevancia penal y debe dirimirse en la vía administrativa.
Pelegrín, quien ya mostró su oposición al archivo de las diligencias el pasado noviembre, recurre ahora a la Fiscalía General del Estado y a los órganos internos de la carrera para que el expediente no se quede para siempre en un armario y pase a manos de Anticorrupcíon.
En su escrito remitido a la Fiscalía General del Estado pide que se posicione la junta de fiscales de Barcelona –que reúne a todos los miembros del Ministerio Público en la provincia– y el consejo fiscal, donde está representada toda la carrera, someta a votación si debió darse carpetazo al caso, como hizo Magaldi antes de jubilarse. Pero sobre todo reclama retrotraer las diligencias al momento anterior a esa decisión para que Anticorrupción siga adelante con la investigación.
Su análisis jurídico mantiene la contundencia de los informes que hizo llegar a su superior jerárquica el pasado agosto para reclamar que Anticorrupción se hiciese cargo de la investigación a Albiol. "En opinión de este fiscal, el cúmulo de irregularidades detectadas permite sin ningún genero de dudas afirmar la ejecución de los delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y revelación de secretos", escribe ahora el fiscal Antoni Pelegrín para resucitar las diligencias.
La mayoría de esos tipos penales los relaciona Antoni Pelegrín con la otra rama de la investigación: la controvertida operación urbanística a tres bandas en las que participaron el Joventut de Badalona, presidido entonces por un histórico del baloncesto español, el alero internacional Jordi Villacampa, el Ayuntamiento de la ciudad, y el Instituto Català de Sòl dependiente de la Generalitat. El fiscal de urbanismo defiende que en las permutas de suelo el instituto público autonómico maniobró para beneficiar al Joventut que tras la recalificación de una finca logró enjugar parte de sus deudas millonarias con una venta de la parcela al Mercadona. Esa compraventa fue precisamente la que dio origen a la investigación tras la denuncia de una asociación vecinal de Badalona.
Esa parte del escrito involucra a Damia Calvet, el director del instituto de suelo de Catalunya, un dirigente próximo a Puigdemont, y a otros dos técnicos de ese organismo en los delitos de prevaricación urbanística, malversación de fondos públicos, fraude y revelación de secretos por la baja valoración que hicieron de la finca pública vendida al Joventut.
En la parte que alude a las ayudas millonarias recibidas por el Joventut a través de esa fundación mixta, en la que estaban el Ayuntamiento y el club, el fiscal subraya que se transgredieron las normas comunitarias que impiden las ayudas directas a un club deportivo, la ley de subvenciones públicas, y la de fundaciones. De cómo se vulneró esta última, escribe el fiscal: "Que expresamente prohíben que las mismas tengan como principal objetivo la persecución de fines de interés privado, imponiendo la obligación de que se dirijan a beneficiar colectividades genéricas, con expresa prohibición de que su principal objetivo sea el de beneficiar económicamente a uno de los patronos. En este caso la infracción era más que evidente".
Lo que recurre ante todos los órganos internos del Ministerio Público el fiscal Antonio Pelegrín es la decisión de su jefa, Ana María Magaldi, de expulsarlo de la investigación para asumirla ella en el momento en que este se negó a cerrar el caso. El fiscal que investigó durante meses defiende que su superiora "omitió hechos relevantes" al dar carpetazo al asunto. Pero, además, Pelegrín revela la existencia de una reunión celebrada entre mayo y junio a la que asistió la cúpula de la Fiscalía en Barcelona, incluida Magaldi, además de la fiscal delegada de Anticorrupción. En esa cita, relata Pelegrín "se concluyó por parte de los asistentes tras el análisis exhaustivo del resultado de las pesquisas hasta el momento desarrolladas, la existencia de indicios de criminalidad, así como la necesidad de conferir traslado a la Fiscalía Anticorrupción por entender que los hechos objeto de la investigación en buena lógica serían de su competencia".
Pelegrín se pregunta qué cambió en los siguientes meses para que la decisión de la fiscal jefa de Barcelona fuese archivar la investigación en vísperas de las elecciones catalanas. Exige que sus compañeros de Barcelona se pronuncien, al amparo del artículo 27 que faculta a un miembro de la carrera a someter a votación una discrepancia con un superior jerárquico, y que el Consejo fiscal aborde el asunto en su próxima reunión. Su objetivo es reabrir las diligencias y que Anticorrupción entre de lleno en la gestión de Albiol al frente de la fundación Badalona, capital Europea del Basquèt, que presidía como alcalde de la ciudad.
