Los partidos que forman parte del Acuerdo del Botánico -PSPV, Compromís y Podemos- han introducido una enmienda en la proposición de ley de plurilingüismo en el sistema educativo valenciano por la que se establece una disposición transitoria por la que los centros deben presentar su proyecto lingüístico para el curso 2018-19, para su autorización por parte de Educación, hasta el 16 de marzo.
Esta ha sido una de las enmiendas que ha salido adelante durante el debate en comisión de las enmiendas presentadas por los distintos grupos a la proposición de ley, que queda ahora a la espera de ser finalmente debatida y aprobada en pleno. En la comisión se han aprobado todas las enmiendas planteadas conjuntamente por PSPV, Compromís y Podemos y cinco presentadas por Ciudadanos, mientras que se han rechazado todas las que ha defendido el PP.
Además de esa disposición transitoria que se introduce en la proposición de ley, se ha incorporado otra que deroga el decreto ley 3/2017 del Consell por el que se regulaba el plurilingüismo el presente curso en Infantil 3 años.
También se precisa que el tiempo mínimo destinado a los contenidos curriculares en cada una de las lenguas oficiales (valenciano y castellano) en el conjunto de la escolaridad obligatoria debe ser del 25% de las horas efectivamente lectivas, debiéndose impartir en cada una de ellas la asignatura correspondiente a su aprendizaje y, como mínimo, otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo.
Sobre las enmiendas de Ciudadanos, se ha aprobado una en la que se explicita que el objetivo será el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales (antes se hacía referencia al dominio elevado y equivalente) y otra que señala que en los centros de Educación Especial el alumnado será atendido en la lengua oficial que mejor domine y se favorecerá el contacto con la otra lengua oficial y las extranjeras de acuerdo con sus necesidades y posibilidades.
La proposición establece con carácter general que el tiempo mínimo impartido en valenciano y en castellano debe ser de un 25% en ambos casos, y entre el 15 y el 25% en lengua extranjera. En el segundo ciclo de Infantil el inglés se incorporará con un 10% del horario curricular. En todo caso, la ley también establece que se promoverá que los centros sostenidos con fondos públicos vehiculen el 50% del tiempo curricular en valenciano y en 25% en inglés.
PP: «No podemos renunciar a la libertad»
La diputada del PP Beatriz Gascó ha lamentado que el objetivo de esta ley es "la imposición del valenciano" y ha pedido "elaborar una ley entre todos, con la que la gente se sienta cómoda, representada y que dé una garantía de estabilidad al alumnado". Para el PP, ha remarcado, hay cuatro principios irrenunciables: "Libertad, legalidad, diversidad territorial y no poner la educación al servicio del nacionalismo".
Así, ha lamentado que no se haya aceptado ninguna de sus enmiendas, que planteaban aumentar la exposición al inglés en Infantil o eliminar la referencia a la promoción del uso del valenciano de conformidad con la ley de usos institucionales y administrativos para no "decirles a los docentes cómo tienen que hablar en los pasillos".
"No podemos renunciar a la libertad, legalidad y el criterio de la sociedad valenciana que ha clamado por activa y por pasiva qué es lo que quiere; no pueden hacer una ley condenada a fracasar", ha incidido Gascó, que ha incidido en que el objetivo de esta norma tal y como está planteada es "implantar el nacionalismo en la Comunitat Valenciana y abrir las escuelas a los colectivos afines de la izquierda".
El PSPV defiende la legalidad de la propuesta
Al respecto, el diputado de Podemos César Jiménez, ha negado esos "objetivos ocultos" que el PP atribuye al texto pero que no aparecen, y también ha asegurado que no se trata de "una ley de minorías" porque se ha trabajado con "muchos pedagogos y expertos", recordando que el objetivo es la competencia de los estudiantes en castellano, valenciano e inglés.
Ana Besalduch (PSPV) también ha incidido en este aspecto y ha asegurado que se quiere poner al alumnado "en el centro de las políticas lingüísticas y no cualquier otra consideración", respetando la legislación y la jurisprudencia en la materia. "Otros se dedicaban a Ciegsa", ha dicho, lo que ha provocado la contestación del PP, que ha señalado que deben ir "muy flojos en contenidos cuando vuelven a sacar lo humano y lo divino" para defenderse en este debate.
La socialista ha proseguido: "Es una ley que garantiza absolutamente la legalidad y la libertad, porque serán los centros los que, de acuerdo con su situación social, decidirán dentro de los porcentajes que nos marcan los pedagogos y se aprobará con los consejos escolares, donde está toda la comunidad educativa".
«No es un modelo viable»
Pese a que esta ha indicado que las enmiendas presentadas por PSPV, Compromís y Podemos "no desvirtúan" el texto y sirven para enriquecerlo, el PP ha subrayado que con ella derogan el decreto ley de plurilingüismo para este curso "y se quedan tan anchos" después de que se convocara la comisión bilateral Gobierno-Generalitat y, además "dan ya las instrucciones a los centros sobre cuándo ir preparando los planes lingüísticos, se adelantan al desarrollo de la ley", lo que demuestra su "improvisación".
Así, les ha pedido que "retiren la ley" y ha preguntado a estos tres grupos "cuántos varapalos judiciales se tienen que llevar para rectificar" porque su modelo "no es viable" y si está hecho en base al mismo informe de expertos que se usó para el decreto, ya derogado, les ha augurado "el mismo futuro".
"No vamos a retirar la ley", ha respondido Besalduch, que ha advertido a los 'populares' que pueden "repetir hasta la saciedad" el argumento del adoctrinamiento pero "han engañado tantas veces al pueblo valenciano que este discurso no se lo va a comprar nadie".
Imposiciones lingüísticas
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura ha defendido un modelo competencial para que los alumnos sean competentes en las tres lenguas, pero ha advertido que no votarán a favor de ningún modelo que "tenga imposiciones por ningún lado".
Esas imposiciones, ha dicho, "no solo vienen del Botànic, también del PP", que "impusieron a los interinos que tuvieran la capacitació en valencià, ya labraron el camino y favorecieron este trabajo".
También ha criticado especialmente el artículo 11, que establece la promoción del valenciano para que llegue al 50% de las horas lectivas, al considerar que "se ha querido rebajar el tono nacionalista de la propuesta" pero se mantiene ese "chantaje" a los centros. Si no se elimina ese artículo, ha avanzado que "dífícilmente" podrán dar su voto a favor a la ley.
Compromís: «No va contra el castellano»
El diputado de Compromís Josep Nadal ha reconocido que ese es el principal "escollo" con Ciudadanos, pero ha indicado que no entienden que "promocionar una lengua sea imponerla a la otra", ya que si quisieran imponer el valenciano habrían establecido su porcentaje en el 100%.
Asimismo, ha resaltado el "esfuerzo" realizado para conseguir el equilibrio entre "cuestiones legales, pedagógicas y lo que desea la comunidad educativa". "Tampoco es la ley 100% que nos hubiera gustado desde Compromís, tampoco a los compañeros del Botànic, está pensada para que tanto PP como Cs puedan adherirse", ha señalado, para apelar al diálogo con la formación naranja para "demostrar que esto no va en contra del castellano en ninguno de los casos".
