La batalla de los sindicatos contra las Unidades de Gestión Clínica del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y sus convocatorias para cubrir cargos intermedios «a dedo», continúa librándose en los tribunales. La Fiscalía de Córdoba ha admitido a trámite la denuncia que interpuso el sindicato de enfermería Satse el pasado 9 de noviembre por presunta prevaricación contra las convocatorias de cargos intermedios de estos departamentos, correspondientes a diferentes categorías profesionales. Según alerta la central, para cubrir tales puestos «se ha permitido la participación de personal ajeno a la Administración que no tiene vinculación laboral fija ni un nombramiento en propiedad».
Las convocatorias fueron impugnadas por el sindicato en los juzgados, ya que, en su opinión, «vulneraban los principios de igualdad, mérito y capacidad consagrados en la Constitución». También detalló que tanto los juzgados de lo contencioso administrativo como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) las han declarado nulas «de forma reiterada». A pesar de estas resoluciones, el SAS «ha continuado sacando convocatorias en las mismas condiciones», a sabiendas de su «ilegalidad», insisten.
Ante las sospechas de posible prevaricación, la Fiscalía reclamó el 20 de noviembre a Satse más información. En concreto, las distintas convocatorias de plazas de los últimos años, así como las correlativas sentencias del TSJA que declaraban su nulidad y el responsable de las mismas.
En diciembre, el sindicato remitió al Ministerio Público cerca de 90 convocatorias de cargos intermedios de Unidades de Gestión Clínica. La Fiscalía de Córdoba ha trasladado estas denuncias a la de Sevilla, al considerar que estos hechos se han decidido en Sevilla, donde el SAS tiene su sede administrativa. «Confiamos en que la Justicia ponga fin al comportamiento ilegal y reiterado del SAS, perjudicando conscientemente los derechos e intereses de los profesionales que legítimamente aspiran a cubrir puestos de cargos intermedios», critica el sindicato, al tiempo que espera que «se depuren responsabilidades».
El modelo de Unidades de Gestión Clínica está siendo muy cuestionado por los profesionales. De hecho, según un estudio que realizó el Colegio de Médicos de Sevilla, un 4 por ciento de los facultativos reconoció que habían mejorado mucho la asistencia sanitaria. Además, las críticas por los sueldos y otros complementos de sus directivos se han venido sucediendo año tras año. Tal y como denunció Satse, tan sólo en el año 2016 un total de 109 directores de UGC y 32 directivos de hospitales cordobeses cobraron más de un millón de euros en productividades.
