El sindicato CGT y la Consejería de Justicia e Interior de la Junta mantienen una contienda ligada a los trabajadores de los centros de emergencias del 112 de la comunidad, con la institución del Defensor del Pueblo Andaluz como árbitro. El primero presentó una queja en febrero de 2017 en la que se denunció una hilera de presuntas irregularidades en ese servicio. La segunda respondió para negarlas. El Gobierno andaluz explicó al Defensor que la empresa Ferrovial Servicios arrancó el pasado 25 de abril tras hacerse con el contrato rotulado como «Operaciones, desarrollo y análisis de los centros de emergencias 112 Andalucía e integración de organismos en su sistema». Le aseguró además, entre otras cuestiones, que la entidad «se subrogó en el 100% de todo el personal fijo, eventual» y de la «bolsa de trabajo», que las condiciones laborales de los empleados son «superiores a las del sector» y que en la adjudicación no hubo «ningún fraude en la contratación» ya que Ferrovial no había sido sancionada «por la inspección provincial de trabajo de ninguna de las provincias andaluzas» como había apuntado el sindicato. Pero CGT insiste. En un nuevo escrito, al que tuvo acceso LA RAZÓN, muestra su «indignación» por la contestación del Ejecutivo regional al que acusa de «mentir literalmente cuando afirma que Ferrovial ha subrogado a todo el personal». A ello suma que «se oculta» que ésta «se niega a abonar el salario que corresponde a las plantillas» al no pagar «los atrasos del 1,6% de subida salarial del convenio colectivo» o que «no se respetan las condiciones de trabajo y económicas que se venían disfrutando» antes de su desembarco, lo que ha obligado, dice la organización sindical, a interponer diferentes «denuncias y demandas», adjuntadas algunas a su escrito. Recalca que hasta la inspección han llegado varias hilvanadas a las condiciones en las que se desarrolla la gestión telefónica del 112 y ratifica el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. CGT se pregunta cuáles son los motivos para que la consejería «mire para otro lado y defienda a ultranza el sistema de subcontratas y el negocio espurio que éstas hacen a costa de los presupuestos de la Junta y, por ende, de los impuestos de la ciudadanía andaluza»; y pone el acento en la «especial protección» hacia Ferrovial, para escalar y deslizar que quizá se deba a que es «empleadora de algunos familiares directos de la presidenta de la Junta –Susana Díaz–». En cualquier caso, el sindicato exige que se deje de «encubrir a una empresa privada a la que debería rescindirle el contrato por la existencia de incumplimientos graves y muy graves» de los pliegos de condiciones. Tras los movimientos defensivos de ambos, la última palabra será del Defensor. Le toca resolver.
