No está siendo una semana fácil para los populares. Las declaraciones de los imputados en la rama valenciana de Gürtel han vuelto a poner al PPCV en el punto de mira y el resto de grupos políticos están dispuestos a aprovechar al máximo este momento. Ayer, la diputada del PP en Les Corts, María José Català, fue la encargada de defender los motivos por los que los populares no están dispuestos a acorralar al ex jefe del Consell, Francisco Camps.
El sentido del voto estaba tomada desde la tarde del miércoles. La abstención estaba acordada y en esta decisión pesó, y mucho, la reprobación de la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. En esta ocasión el PP sí que le exigió el acta de senadora.
Los populares tienen la sensación de que hagan lo que hagan siempre se les exigirá más y que además, en esta espiral, se dejan a gente por el camino. Eso sí, tampoco ocultan que si Camps dejase voluntariamente el CJC tendrían un frente menos de batalla abierto.
Les Corts aprobaron la PNL propuesta por Compromís que insta a Camps «a renunciar como miembro de Consell Jurídic Consultiu, así como el resto de disposiciones reguladas en la Ley de Estatutos de los Expresidentes por haber incurrido en actos y comportamientos que no se corresponden con la necesaria dignidad de la institución».
La propuesta recoge también el compromiso de Les Corts de mejorar la citada Ley para que se puedan retirar los privilegios reconocidos a los expresidentes antes de que haya una sentencia firme.
Català defendió que la PNL destila «odio, ira, resentimiento y venganza» y que además, «es un brindis al sol» porque no hay norma alguna que pueda obligar a Camps a renunciar a su puesto en el CJC. Insistió en que aprobar estas propuestas supone convertir a Les Corts en un «tribunal de honor propio del franquismo y no del Estado de Derecho, (...) y yo no vine aquí para esto».
Remarcó que Camps no está procesado por la financiación ilegal del PPCV ni existe una sentencia, y se preguntó «qué ser superior será el que determine la dignidad u honorabilidad de unos y otros».
Recordó que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez o la presidenta de Andalucía, Susana Díaz o el propio presidente Ximo Puig, siguen defendiendo la honorablidad de los ex presidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán, imputados por los ERE.
Así instó al PSPV a ser valiente y a aceptar la reforma del Estatuto de los Expresidentes aunque pronto pueda afectar a Puig.
