La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado que la idea del Gobierno es presentar este viernes un recurso de inconstitucionalidad ante el TC para que se suspenda de forma inmediata la resolución de Torrent, presidente del Parlament de Cataluña, de proponer a votación de los diputados de la cámara autonómica el nombre de Carles Puigdemont como candidato a la Generalitat.
Pese a que no se puede impugnar aún un hecho que no ha sucedido, como es esa investidura telemática que pretenden realizar los independentistas, el Gobierno se centra en tratar de impugnar los procedimientos previos.
De ahí que como primer paso haya solicitado al Consejo de Estado dos informes. El primero, para conocer si el Gobierno de España debe interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esa resolución de Torrent. El Ejecutivo de Rajoy entiende que “el estatus jurídico actual de Carles Puigdemont es incompatible con su presencia en la cámara”: de hecho, no tiene ni “derecho de libertad deambulatoria”, ya que si acude a Cataluña, a Barcelona, a someterse a la investidura, debe ser detenido de inmediata porque pesa sobre él una orden del Tribunal Supremo.
Sáenz de Santamaría ha destacado que Torrent, como presidente del Parlament, debería haber tenido en cuenta que Carles Puigdemont no puede entrar en territorio español sin que se haga efectiva la detención: por ello, no debería haber propuesto su nombre para el debate de investidura.
El otro informe que ha pedido al órgano consultivo trata sobre varias de las otras cuestiones polémicas que rodean a este intento de investidura: el propio hecho de si un candidato que no está presente se someta a un debate de investidura; y la delegación de voto de diputados que no se encuentran en territorio nacional por haberse marchado al extranjero para evitar a la justicia.
Si estos informes del Consejo de Estado avalan al Gobierno para impugnar estos pasos previos a la investidura, Mariano Rajoy interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional. Y el TC, como ocurre con cualquier recurso del Gobierno, admitirá el recurso y suspenderá provisionalmente estos acuerdos del Parlament de Cataluña antes de que tenga lugar el pleno de investidura que comenzará el próximo martes 30 de enero.
